Estados Unidos
Editorial
Oportunidad para poner fin a la narcopolítica
Para Guatemala, esta sanción debe ser un parteaguas para poner un freno definitivo a la narcopolítica.
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En una muestra de cómo Estados Unidos está comprometido con utilizar todas las herramientas disponibles para combatir el narcoterrorismo y desmantelar las estructuras financieras que sostienen a estas organizaciones, el gobierno de esa potencia anunció sanciones contra tres grupos criminales guatemaltecos señalados de narcotráfico, a los cuales ahora denomina también terroristas: el comunicado los lista como Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas. Las declaratorias buscan bloquear activos, limitar operaciones financieras y “debilitar las redes económicas que permiten a estas estructuras sostener actividades ilícitas”; es decir que también abarca a subrepticios aliados de la narcopolítica.
Además, en respuestas a preguntas enviadas por Prensa Libre a la Embajada de Estados Unidos en el país, esta sede diplomática enfatizó que dichas sanciones “no dependen exclusivamente de la ideología o la ubicación geográfica de una organización, sino de sus actividades y de las amenazas que representan para la seguridad nacional y los intereses estadounidenses”.
Las acciones estadounidenses son ejercidas a través de dos dependencias federales: el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que sancionó a Los Mendoza y Los Huistas “por proporcionar apoyo material a los carteles mexicanos”, y el Departamento de Estado, que designó a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designada (SDGT), lo cual incrementa el monitoreo de activos, transacciones y vínculos económicos. Sobre el clan Lorenzana, detalla que se les considera “responsables de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares en el país”.
Para Guatemala, esta sanción debe ser un parteaguas para poner un freno definitivo a la narcopolítica, pues en la exposición de motivos se detalla la existencia de “relaciones con políticos, empresarios y funcionarios policiales” que les han permitido a estas redes criminales desarrollar influencia y acceso institucional en el noroccidente guatemalteco. Por desgracia, estos vínculos no son nuevos y durante demasiado tiempo las autoridades electorales han sido laxas en la exigencia de cuentas sobre financiamiento.
Esta decisión coloca sobre la palestra pública dos fenómenos cuyas implicaciones criminales impactan a todo el país: el narcofinanciamiento y los lazos entre organizaciones criminales, sectores de poder político y ciertos funcionarios electos. Es un acicate para las autoridades guatemaltecas de seguridad y justicia, pero también electorales, a fin de que procedan con mayor rigor en cuanto a las pesquisas sobre actividades ilícitas en regiones de interés para estos grupos, sobre todo municipios costeros y fronterizos.
Las herramientas que hoy abren la persecución penal y el cerco económico global desde Estados Unidos para estas tres estructuras criminales deben servir como respaldo y, sobre todo, como una obligación para la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación, el Ejército, los servicios de inteligencia estratégica, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y otras dependencias como la Intendencia de Verificación Especial, a fin de agilizar la lucha contra las mafias y sus nexos politiqueros, empezando por detectar y cortar los flujos dinerarios que solo pretenden contubernio e impunidad, hasta llegar a quitarles el control territorial que hoy ejercen en varios municipios del país, en especial en las zonas fronterizas. Guatemala lo demanda.
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