Guatemala No Se Detiene

Fraudes en propiedades: “El primer filtro para evitarlos es el notario”

Especialistas señalan la necesidad de modernizar los procedimientos notariales, fortalecer los controles y agilizar la justicia para proteger a los propietarios.

Los fraudes inmobiliarios en Guatemala pueden comenzar antes de que un documento llegue al Registro General de la Propiedad. La suplantación de identidad, la falsificación de firmas y las irregularidades en documentos notariales representan riesgos para los propietarios, por lo que especialistas consideran necesario fortalecer los controles desde el inicio de una compraventa.

Gabriel Medrano Valenzuela, registrador de la propiedad, explicó durante La Charla, de Guatemala No Se Detiene, que las irregularidades suelen originarse fuera de la institución, particularmente en la elaboración de documentos que posteriormente son presentados para su inscripción.

"El problema viene de afuera hacia adentro", afirmó Medrano Valenzuela, quien señaló que entre las situaciones detectadas se encuentran la suplantación de identidades, la falsificación de documentos y los actos notariales irregulares.

Medrano Valenzuela explicó que los documentos recibidos pasan por un proceso de calificación registral, en el que pueden identificarse inconsistencias. Cuando se detectan posibles irregularidades, estas se trasladan para su investigación y, cuando corresponde, se presentan denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Andrea Cáceres, directora del Observatorio de la Propiedad, coincidió en que el notario desempeña un papel fundamental en la prevención, debido a que interviene desde el momento en que las partes formalizan una negociación.

"La figura del notario es trascendental en la protección del derecho de propiedad, porque es el primer canal, es el primer instrumento donde se ponen de acuerdo las partes en una compraventa", explicó.

Ambos especialistas consideran que los procedimientos actuales requieren cambios para facilitar la verificación de documentos y evitar que operaciones fraudulentas lleguen a inscribirse.

Modernizar código notarial

Uno de los desafíos identificados es la antigüedad del Código de Notariado. Medrano Valenzuela recordó que la normativa cumplirá 80 años de vigencia en enero del 2027, por lo que considera necesaria una actualización que responda a las condiciones actuales del ejercicio profesional.

Además, señaló la responsabilidad de los notarios, a quienes el Estado delega la fe pública para dar autenticidad a los documentos que autorizan.

Por su parte, Cáceres explicó que en un estudio realizado por el Observatorio de la Propiedad se identificaron anomalías relacionadas con la falsificación de firmas y documentos. A partir de estos hallazgos, planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan verificar su autenticidad.

"Si tuviéramos un Código de Notario moderno, en el cual pudiéramos, de la mano de la tecnología (...) llevar una firma electrónica, hubiera una mayor trazabilidad para poder verificar la autenticidad de sus documentos", señaló.

Entre las medidas propuestas por la directora figura una mayor interconexión del Registro General de la Propiedad con instituciones como el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Archivo General de Protocolos, el Registro Mercantil y el Ministerio Público (MP).

Según Cáceres, esta coordinación permitiría verificar datos de identidad, firmas y representación legal antes de inscribir determinadas operaciones.

La especialista destacó, además, la implementación de una plataforma de gestión electrónica de documentos que permite a los notarios realizar trámites de manera digital e incorporar mecanismos de validación de hojas de protocolo y firmas electrónicas.

Sin embargo, explicó que su utilización es voluntaria, por lo que considera necesario promover su adopción entre los profesionales.

Pocas propiedades utilizan las medidas preventivas

Además de fortalecer los controles institucionales, Medrano Valenzuela destacó que los propietarios cuentan con herramientas para reducir el riesgo de operaciones no autorizadas sobre sus inmuebles.

Una de ellas es la inmovilización voluntaria de propiedades, que puede gestionarse personalmente ante el Registro General de la Propiedad o mediante un notario.

De acuerdo con los datos compartidos por el registrador, entre enero y octubre del 2026 se inmovilizaron únicamente unas 8 mil propiedades, una cantidad que considera reducida frente al universo de inmuebles registrados.

"Yo sí invitaría a los propietarios a que inmovilicen sus propiedades. Es una gestión sencilla que la pueden hacer a través de un notario o la pueden hacer personalmente en el registro o en sus sedes", indicó.

Otra herramienta es el servicio de avisos al propietario, mediante el cual se informa por correo electrónico o mensaje de texto cuando se registra algún movimiento relacionado con su inmueble.

Medrano Valenzuela señaló que, durante el 2026, solamente 65 propietarios habían solicitado este servicio, lo que evidencia su limitada utilización.

Cáceres coincidió en que la prevención no debe depender únicamente de las instituciones, sino también de las acciones de quienes poseen bienes inmuebles.

"El propietario tiene que tener un papel activo en proteger el derecho de propiedad", afirmó.

La respuesta judicial continúa siendo un desafío

Cáceres señaló que un estudio del Observatorio identificó más de 4 mil denuncias relacionadas con falsedad ideológica y falsedad material, de las cuales únicamente el 0.62% se resuelve en un año, según las cifras que presentó.

Explicó que las demoras judiciales representan un obstáculo para quienes buscan recuperar la certeza jurídica sobre sus propiedades.

También mencionó que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha intervenido en determinados casos para otorgar protección a propietarios afectados por posibles falsificaciones, aunque los procesos en la justicia ordinaria pueden prolongarse durante años.

Medrano Valenzuela consideró necesario fortalecer la actuación de las instituciones responsables de investigar y sancionar estas conductas, incluidos el Ministerio Público, los tribunales y los órganos disciplinarios del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

"Es muy importante también señalar que desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y desde el Tribunal de Honor deben conocerse las denuncias que hay por este tipo de fraudes e imponer sanciones que sean disuasivas a quienes incurren en ello", expresó.

Para ambos especialistas, reducir los fraudes inmobiliarios requiere combinar la modernización del marco legal, la utilización de tecnología, la coordinación entre instituciones y una respuesta judicial más ágil.

Mientras estas reformas avanzan, los expertos consideran fundamental que los propietarios conozcan y utilicen las herramientas preventivas disponibles para proteger sus inmuebles.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

ESCRITO POR:

Ericka Cinto

Periodista en colaboración con el proyecto Guatemala No Se Detiene