DESPUÉS DE UNA FENOMENAL actitud hacia la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías de Paz, cuya renuncia fue aceptada por unanimidad, los diputados han dado un salto histórico hacia atrás al evitar que la conducta oficial del presidente de la República fuese examinada a la luz de la justicia, con espíritu jurídico y no político.

No le han hecho un favor, porque la posteridad puede juzgarlo como un culpable perdonado y no como un inocente absuelto. Esto porque le han quitado la oportunidad de probar en un debate judicial, tramitado bajo las normas del debido proceso que, como él afirma, nada ha tenido que ver con la defraudación impositiva cometida en el ramo de aduanas, ni con los homicidios atribuidos a contratistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, caso por el cual están presos varios colaboradores del presidente.

¿Qué significado tiene, en el presente caso, eso de que “no ha lugar a formación de causa contra el presidente”? Significa que en opinión del Congreso, las imputaciones que el diputado Amílcar Pop ––promotor del antejuicio ––hace contra el presidente de la República no tienen fundamento y por lo tanto procede desestimarlas. Tal declaración surge cuando por votación especial los diputados consideran que los hechos atribuidos o imputados al funcionario “no revisten caracteres de delito”.

En consecuencia, el Congreso ha resuelto no autorizar que el presidente de la República sea procesado penalmente en la jurisdicción ordinaria.

Los diputados no han hecho algo ilegal, aunque provoquen enfado e indignación crecientes en quienes participan en las marchas públicas de protesta contra el presidente, cuya renuncia han demandado, sin éxito hasta ahora.

La Constitución les concede prerrogativas para protegerlos en el ejercicio de su función pública. Los declara, por ejemplo, irresponsables por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos. Y les otorga inmunidad.

Se trata de un derecho potestativo que solo puede ser limitado por ley o por voluntad propia del diputado. Dicho en otras palabras, un diputado puede renunciar a ese derecho si le da la gana renunciar. Nadie puede obligarlo.

Y no se conoce caso alguno en el que un representante haya renunciado a ese derecho.

Ahora, con la declaración de que “no ha lugar a formación de causa contra el presidente de la República” los diputados se han puesto al timón del poder político y, en adelante, pueden hacer lo que quieran con las prerrogativas antes mencionadas. Han pasado de la defensiva ante la presión de los ciudadanos descontentos a la que habían sido sometidos por las sesenta mil personas reunidas en la Plaza de la Constitución, en abril pasado, y en las manifestaciones siguientes, a una contraofensiva cuyos alcances son impredecibles, pero, no muy difícil de imaginarlas.

Por de pronto, algunos de ellos han anunciado su intención de desmantelar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, mandar a su casa al comisionado Iván Velásquez y desarticular varias persecuciones penales iniciadas por el Ministerio Público lo cual constituiría una injerencia en atribuciones del Organismo Ejecutivo.

También pueden, si lo desean, parar en seco varios procesos que son tramitados contra funcionarios y dignatarios que forman parte de la conexión Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo y Organismo Judicial lo cual constituiría, también, una injerencia en atribuciones y funciones que, con exclusividad, corresponden a la Corte Suprema de Justicia y los otros tribunales organizados de conformidad con la ley.

¿Hasta dónde puede llegar la contraofensiva del Congreso de la República? Nadie lo sabe, ni siquiera todos los diputados.

Después del cañonazo legislativo solo quedan en pie como últimas líneas de defensa la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

Muy pronto los diputados intentarán pasarlas. Están al timón del poder.