La señora Sandra Torres está enfadada. Le molestan los señalamientos que se le hacen desde los medios de comunicación independientes. La candidata está ofendida por la manera en que se le trata y por cómo se le nombra. Le disgusta que se informe sobre las investigaciones de la fiscalía en las que se ha visto involucrada y pretende que no se publiquen críticas sobre su desempeño político que, a estas alturas, está plagado de desatinos, por decir lo menos.

Parece que a la señora Torres se le olvida la virulencia con la que ella misma se ha referido a otros personajes de la vida política nacional, incluyendo a otras mujeres. Se le olvidan también las palabras ofensivas y humillantes que ha utilizado en muchas de sus apariciones públicas y las denuncias de destrato hacia sus colaboradores. Su ejercicio del poder es autoritario y patriarcal, y de eso hay suficientes muestras y testimonios. La más reciente, un audio que se hizo público, donde negociaba cantidades millonarias para financiar su anterior campaña.

Ahora dice sentirse violentada y amenazada por su condición de mujer, cuando es notorio que las publicaciones mediáticas y la solicitud de antejuicio en su contra están relacionadas a sus actuaciones y a su desempeño como política y candidata. Lo grave es que con tal de acallar los señalamientos y las críticas en su contra, y detener el proceso de antejuicio que enfrenta, haya decidido victimizarse y utilizar los mecanismos de protección previstos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, para obtener resoluciones judiciales favorables a sus intereses políticos.

Esta estrategia no solamente es un ataque frontal a la libertad de expresión, sino también una afrenta a las miles de mujeres que todos los días en este país son víctimas de violencia por su condición de mujeres y por las relaciones desiguales de poder a las que se enfrentan. Instrumentalizar políticamente una ley dirigida a proteger a niñas y mujeres en situación de violencia es perverso y muy peligroso, porque deslegitima la justicia especializada por la que tanto hemos luchado.

Pero no es una estrategia novedosa, ya en el pasado reciente la exvicepresidenta Roxana Baldetti intentó taparle la boca a los periodistas que la criticaban utilizando su influencia desmedida en las cortes para sus aviesos fines. Si la señora Torres considera que son falsos los señalamientos que se le hacen o que se ataca su honor, en la Ley de Emisión del Pensamiento están previstos los mecanismos a los que puede recurrir. Pero de eso a alegar violencia sicológica para conseguir censura e impunidad hay un océano de diferencia.

¿De qué lado está la justicia?

No quiero terminar esta columna sin referirme a un caso emblemático de lucha contra la impunidad. Desde hace siete años las familias de Naomi Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios, los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala que fallecieron el 31 de marzo de 2012 en las instalaciones de la minera CGN en Izabal, emprendieron una valiente y tenaz batalla para alcanzar verdad y justicia.

Hace 2 mil 555 días que no descansan y que enfrentan toda clase de obstáculos en esta búsqueda. A pesar de todo y de todos, siguieron adelante y están a un paso de cerrar su duelo, si la justicia guatemalteca se los permite.

Probablemente, mañana 15 de mayo, el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios dicte la resolución en este proceso. Ojalá prevalezca la verdad y la justicia y no la influencia y el poder de una empresa y una universidad que se han dedicado a boicotear el caso para obtener impunidad. Justicia para Naomi, Juan Carlos y Ángel, eso es lo que pedimos.