Desde asesoría hasta seguimiento para que los casos no queden en impunidad, la iniciativa surgió después de un alza en las amenazas y asesinatos de integrantes de la Prensa.

Según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandro Palmieri, incluso se piensa castigar las agresiones verbales, no solo físicas.

“Es mejorar la comunicación entre las entidades encargadas de la investigación y persecución penal, así como en la parte de prevención”, explicó el funcionario.

Palmieri agregó que para materializarse debe publicarse el sistema y sus mecanismos en un acuerdo gubernativo, y estimó que se hará antes que termine el año.

El mecanismo establece un protocolo de coordinación con todas las entidades para que, ante cualquier vulnerabilidad, se atienda al comunicador de manera rápida, adecuada, y con seguimiento.

Básicamente ejercer libremente y con seguridad, es el objetivo del sistema, dijo Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, quien ha dado seguimiento al proceso.

Asimismo, la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, afirmó que esa cartera propició un protocolo para “ampliar las condiciones necesarias” entre el Ministerio Púbico y la relación con los medios de comunicación.