Si la consulta sobre las reformas al sector justicia se celebrara hoy, la mayoría de los funcionarios del país perderían el derecho de antejuicio.

Esto es lo que predomina entre quienes han podido hacer llegar sus opiniones a las mesas de diálogo nacional que han recopilado las primeras impresiones de los guatemaltecos en torno al proyecto de reformar la Constitución para avanzar en el fortalecimiento y modernización del sector justicia.

Las personas consultadas tienen claro que ese es un privilegio que debería desaparecer para casi la totalidad de los funcionarios y si en caso se mantiene debería ser una prerrogativa que favorezca solo a quienes podrían ser susceptibles de los malintencionados.

Pero también aflora otro detalle interesante en el sondeo realizado en varias regiones, y es lo que se refiere a la concentración de poder, que mayoritariamente los participantes tienen claro que tampoco debería recaer en los jefes de los tres poderes del Estado la posibilidad de elegir a los más altos magistrados del país.

Esto conlleva un reto mayor, y es que se debe abrir más el abanico de posibilidades para elegir a personas idóneas al frente de las magistraturas, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, especialmente porque ya las comisiones de postulación dieron un lamentable ejemplo de manipuleo y de irresponsabilidad por parte de quienes pudieron iniciar una etapa de recuperación del sistema.

Pero no fue así y ahora debe quedar claro que tampoco se quiere que esa decisión quede en manos de unos cuantos, y menos en las del Congreso, que es el organismo que durante los últimos meses más desprestigio ha acumulado y por ello en lo que menos se piensa es en que los diputados puedan tener la responsabilidad de incidir en la elección de cargos de tanta relevancia.

En la medida en la que se respeten los aportes hechos desde los cuatro puntos cardinales del país, las reformas pueden tener un feliz desenlace, pero es claro que no se trata solo de implementar cambios en el papel, pues intrínsecamente está el anhelo de una depuración, porque no existe la más mínima confianza en los legisladores como para dejarles la tarea de reformar la Constitución.

Si algo de eso se logra, el camino puede allanarse para un cambio que para muchos se antoja oportuno, aunque se debe insistir en que buena parte de la problemática prevaleciente en el país descansa en la irresponsabilidad y la poca ética de muchos funcionarios, más que los preceptos legales.

Por eso es que últimamente también ha crecido la convicción de que los problemas del país no surgen por falta de leyes, sino por la inmoralidad y las ambiciones desmedidas de quienes acceden al poder.

A la par de la propuesta de modificaciones también debe haber una profunda renovación entre aquellos que tendrán en sus manos la posibilidad de incidir en la transformación, porque existe el rechazo generalizado a que quienes son parte del problema pretendan ahora ser parte de la solución.