El paro en el transporte pesado cumple nueve días, en medio de voces que claman por una solución inmediata a la crisis, cuyo impacto a los usuarios fue señalado por los pilotos y que repercute en sectores de comercio y exportación, con pérdidas irreparables con posibles efectos incluso para las perspectivas económicas del país, mientras que el alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien desató el conflicto, actúa con indiferencia irresponsable.

La Superintendencia de Administración Tributaria calcula en Q40 millones diarios las pérdidas que sufre el Estado al no poder captar esos recursos, aunque en otros sectores los severos daños también son crecientes. En el caso de los exportadores de banano, se informa que han debido frenar el corte y procesamiento para intentar reducir sus pérdidas, lo cual afecta a los empleados que ganan por jornada e igualmente a los compradores, que pueden entonces buscar nuevos proveedores en otros países. Entonces, el daño será irreversible.

Reza el dicho que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ello se comprueba cuando a partir de una medida tomada aparentemente en favor de la circulación vehicular en la Ciudad de Guatemala, al agregar tiempo de restricción al transporte pesado, se desató la protesta de los conductores debido a las inconveniencias y pérdidas que ello les ha causado. Sin embargo, la comuna capitalina no existe como interlocutor, pues simplemente se ha limitado a negarse a cualquier diálogo.

Esta actitud refleja la usual y muchas veces demostrada prepotencia del alcalde capitalino, incapaz o sin la voluntad de ver las consecuencias para el país de este desastre que ocurre principalmente en la capital, sin que ello le importe un comino, porque a fin de cuentas lo único que le interesa es reafirmar su parcela de poder.

Por otra parte, si bien el control del transporte pesado es un factor que incide en el tránsito, hay muchas otras medidas de fondo que el alcalde se ha negado a emprender, pues implican cooperación, interacción y diálogo con jefes ediles vecinos y con los gobiernos, algo en lo cual nunca se ha destacado.

Esta crisis también impactará en el Ejecutivo, que podría hacer mucho, pero ha intentado desentenderse, pese a la existencia de leyes superiores que lo facultan para intervenir y evitar mayores males a un país puesto de rodillas por la intransigencia. Obviamente se trata de cuestiones que requieren amplia capacidad intelectual de conciliación y tolerancia. Es mucho más fácil inaugurar puentes postizos que construir los puentes legales que verdaderamente perduran.

La confluencia de posturas obstinadas deja al país en un remolino de peligrosas consecuencias: por un lado, los pilotos, que ya pasaron a bloqueos e incluso agresiones; por otro, el alcalde, quien se regodea en emitir ordenanzas de monarca desfasado. Finalmente, un Gobierno Central sin rumbo, de cara a una crisis no buscada pero de la que difícilmente quedará indemne. Las pérdidas ya son multimillonarias, y esto puede empeorar para muchos empresarios, de todo nivel, que han lanzado la voz de alerta sobre la gravedad de la situación.