William Brownfield, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Asuntos de Seguridad, sostendrá hoy una reunión con el presidente Jimmy Morales, en la que ambos tratarán temas vinculados con algunos recientes acontecimientos relacionados en el país con la criminalidad y la justicia.

En el primer caso será ineludible la referencia al más reciente informe del Departamento de Estado sobre narcotráfico y lavado de dinero, que coloca a Guatemala en la lista de países por los que cada año pasa el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, problema de enorme impacto cuando eso se traduce a términos económicos.

Una consecuencia de ese incontrolable tráfico es el enorme flujo de recursos surgido de esa actividad, lo cual incrementa el lavado dinero, otro de los aspectos destacables en el informe ya mencionado, de papel muy determinante en las economías centroamericanas.

Aunque Guatemala con el actual gobierno ha aumentado la incautación de drogas, obviamente los controles siguen siendo insuficientes, pues por nuestro territorio pasan sin problemas anualmente unas mil toneladas de cocaína hacia el norte, donde tampoco se notan esfuerzos convincentes ni suficientes con el fin de reducir esa demanda en el territorio estadounidense.

El segundo tema que abordarán y que de seguro también motivó la visita de los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, republicana, y Albio Sires, demócrata, tiene relación con el fortalecimiento de la justicia, ante la etapa crucial que atraviesa el país en la ardua y compleja batalla contra la corrupción, y que paradójicamente ha recibido mayor respaldo y presiones del exterior.

Sin duda este es el punto medular y del cual depende cualquier posibilidad de éxito sobre los demás ilícitos, pues tanto el narcotráfico como el lavado de dinero y la corrupción potencian sus efectos y las posibilidades de impunidad cuando el Poder Judicial, el más determinante en esta lucha, se vuelve inoperante ante el accionar y la fortaleza de los poderes paralelos.

Abundan los ejemplos por desbaratar esos esfuerzos, y uno de los más recientes ocurrió durante el fin de semana, cuando el militar retirado y hoy muy poderoso diputado oficialista Armando Melgar Padilla anunció en un video que existían presiones del Ministerio Público para aprobar las reformas al sector justicia. Este exabrupto solo puede calificarse de interferencia, cuyo objetivo es entorpecer investigaciones por espionaje que pesan en su contra. Pudo haber sido más convincente si hubiera dado la cara ante los periodistas y mostrado evidencias fundamentadas de semejantes aseveraciones.

Es obvio que era otro el interés de Melgar Padilla, aunque se evidencia el tipo de argucias a las que se acude para entorpecer el esclarecimiento de la verdad. Escogió un mal momento, porque vienen dignatarios que claramente traen un mensaje de respaldo a la lucha contra la corrupción. Muchos se resisten a hacer esta lectura, pero en todo caso complica los esfuerzos por erradicar estructuras criminales incrustadas en el Estado, lo que su vez motiva el aparecimiento del país en listas de tareas no cumplidas.