Además, solo el 6.5 por ciento de los empadronados en el municipio están afiliados a un partido político, revela el estudio. El Tribunal Supremo Electoral registra siete millones 341 mil 840 empadronados.

Javier Brolo, uno de los politólogos responsables de la investigación, señala que los distritos con más municipios muestran los menores porcentajes de organización, porque departamentos como Huehuetenango, con 31 municipios, solo tiene el 10.2 por ciento de organización.

Entre los departamentos con menor porcentaje de organización partidaria figuran Chiquimula, con 13.3; Petén y Quetzaltenango, con 14.07, y Sololá, con 15. Mientras que los de mayor presencia partidaria son Izabal, con 35.4, seguido por Totonicapán, 28.4; Escuintla, 27.5, y Guatemala y Baja Verapaz, con 26.9.

Chimaltenango y Cobán son los municipios con más partidos organizados legalmente, con 16 cada uno, mientras que en 22 municipios no hay partidos políticos organizados legalmente.

El estudio, detalla Brolo, revela que requerir organización en solo cuatro municipios para tener representación departamental, como lo establece el artículo 49 de la Ley Electoral, “tiende a excluir a municipios que no son cabecera, que tienen más población rural y menor número de empadronados”.

Sistema pervertido

“El modelo de organización de los partidos políticos establecido en la Ley se ha distorsionado en un tipo de “partido franquicia” que se caracteriza por un alto nivel de centralización en la toma de decisiones, sobre todo respecto de las candidaturas y organización”, expone Jonatan Lemus, otro de los investigadores que elaboraron el informe.

Mediciones efectuadas en el estudio muestran que solo 43 de los 91 alcaldes reelectos poseían organización propia en los pasados comicios, lo que es un indicio para afirmar que hay un uso de “franquicia” de los partidos políticos, en donde los partidos con candidatos presidenciales ofrecen el soporte de su organización nacional a cambio de aliados con liderazgo local.

“Llama la atención que la mitad de los alcaldes que buscan reelección no sean postulados por partidos con organización vigente”, destaca Brolo.

Modelo requiere reforma

El estudio propone que para promover una mayor organización partidaria se vislumbran dos alternativas: modificar los requisitos de organización departamental o, a nivel municipal, aumentar el porcentaje de afiliados.

Tal y como funciona actualmente el sistema de “partidos franquicia”, estos tienden a enfocar sus recursos en el proceso electoral más que en la construcción de organizaciones locales.

“Los comités nacionales no toman en cuenta el grado de lealtad e identificación con el partido del líder local, sino más bien que represente una buena cantidad de votos”, indica el estudio.

El panorama preelectoral, con al menos cuatro precandidatos presidenciales recorriendo el país cada fin de semana, no invita a vislumbrar un cambio en un sistema que para las agrupaciones partidarias ha funcionado durante años, ya que les permite “sostener candidaturas” sin tener una robusta organización nacional.

La contrapartida se da en la disponibilidad de los dirigentes locales que buscan posicionarse en los partidos que puedan respaldar su imagen y proveerlos de recursos, explica el estudio.

De tal manera que aunque la Ley Electoral buscaba la construcción de partidos institucionalizados, el modelo se ha “distorsionado, para producir un tipo de organización informal, personalista y sin identidad partidaria”.

Temas como la corrupción, el transfuguismo y la falta de ideología e identidad partidaria podrían estar estrechamente relacionados con los fenómenos de organización descritos en el estudio.

“La forma de competir de manera centralizada ha sido la estrategia ganadora”, señala Lemus, ya que se tiene mayor capacidad de adaptabilidad en la toma de decisiones, mientras que en otras formas de competencia electoral se necesita de una institucionalidad robusta y de base, en la cual hay una identidad del ciudadano adscrita a una agrupación.