Si algo tengo claro es que no quisiera estar en los zapatos del Dr. Giammattei. Hoy, que toma decisiones de cara a la pandemia. Decisiones que inevitablemente afectarán a algunos, pero buscando salvar a otros. Abrir o no la economía, prácticamente una elección sobre la vida y la sobrevivencia. A quién escuchar, el poder tradicional cediendo, puesto que, de no hacerlo, el virus nos puede arrasar. Y, en el caso de los deportados, que ya son etiquetados como un foco principal de contagio (al menos en el imaginario social), la horrenda disyuntiva sobre si recibirlos de vuelta en su país o si tocar puertas y gestionar la suspensión de aviones cargados con almas guatemaltecas. Algunos sanos, algunos enfermos, pero todos ellos aterrados. Imagínese usted en ese vuelo, escuchando la incesante tos del pasajero vecino.

Esta semana el gobierno central destapó la olla sobre lo que se anticipaba desde marzo. De una forma u otra confirmó el enorme peligro que constituye la reincorporación descontrolada de la población deportada desde el norte: México, un territorio sin ley ni orden, donde los humanos transitan bajo imperio del crimen organizado, y EE. UU., el país con más contagios registrados en el mundo. Sus cárceles de frontera, infames por su descuido sanitario y hacinamiento extremo, ahora con este virus contagioso, son una verdadera bomba de tiempo empezando a estallar. El Servicio de Control de Fronteras (ICE) ha confirmado que su personal carcelario ya está infectado. Jueces ordenan ajustar criterios para liberar a los vulnerables. Y aquí, de este lado del vuelo, cuando aterrizan, las pruebas evidencian que el virus invadió los corrales donde detienen a los nuestros.

Al escuchar voces locales percibo consenso por que los vuelos de deportación cesen. Voces importantes como la Conferencia Episcopal de Guatemala critican su continuación durante la pandemia. Principalmente argumentan que los migrantes “han trabajado honradamente favoreciendo la economía norteamericana”, y que ahora, contagiados, son expulsados en un acto inhumano. Y aunque cierto para algunos casos, los obispos omiten dos verdades irrefutables: Primero, que la enorme mayoría de los deportados son quienes recientemente fueron atrapados mientras buscaban llegar al “sueño americano” y que, inevitablemente, serán expulsados. No es gente que ya viviera allá. Ellos, en este intento, no verán la libertad en EE. UU., están atrapados. Y la segunda, que solicitar la detención de vuelos condena al paisano a la situación dantesca de quedar encarcelado en las llamadas “hieleras” o “perreras” que todos hemos visto en fotografías. Cientos de almas en un corral, tiradas sobre concreto y con una hoja de aluminio como única cobija. Esa, obispos, es la dura realidad.

Sí, los vuelos con deportados son un peligro latente, si no se reciben de forma controlada. Las débiles comunidades de origen deben ser protegidas. Pero dejar paisanos al olvido en el norte es una crueldad que me conmueve hasta las lágrimas. Al gestionar la suspensión de vuelos se dio prioridad a la población nacional, y al débil sistema que tenemos para enfrentar la pandemia. Una dura decisión, que seguramente fue inminentemente necesaria. Pero debe ser seguida por la pronta búsqueda de recursos para habilitar albergues adecuados y recibir a paisanos que, allá, serán la última prioridad del gobierno de Trump. Los fondos adicionales bien podrían venir de los mismos gringos que tienen interés común por liberar su sistema, y del sector privado nacional, bancos, industria, telefonía, que se han beneficiado con las remesas de estas familias durante décadas.

No olvidemos que, entre la espada y la pared, nuestros hermanos atrapados hoy respiran el aire donde pulula el virus del que todos huimos. Con orden, busquemos la manera. Tráigalos a casa.