MIRAMUNDO

Asociarnos para defender derechos humanos

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Los Derechos Humanos los defendemos frente al poder del Estado. La primera misión que debe hacerse, en todo esfuerzo por la protección de los derechos fundamentales, es empoderarse y luego empoderar a los demás. Los abusos, en infinidad de ocasiones, se consideran por la víctima como normales. El machismo, el racismo, la homofobia, son solo algunos de los rasgos que muchas víctimas asumen como normales, porque “así son las cosas”.

En nuestro país, bajo el desastre del gobierno de Ydígoras Fuentes y justo después de lo que se conoció como “Jornadas de Marzo y Abril” (1962), la represión para las opciones democráticas se agudizó, regía en el país la Constitución Liberacionista y la polarización ideológica era terrible porque había nacido la guerrilla marxista. En esa coyuntura fue que a instancias de Adolfo Mijangos López —asesinado en 1971 por el gobierno de Arana Osorio, a pesar que Mijangos se movilizaba en silla de ruedas y era diputado—, se organizó la primera Asociación Guatemalteca para la Defensa de los Derechos Humanos.

Marcaron su inicio ciudadanos con pensamiento democrático, como Julio Camey Herrera, Manuel Colom Argueta, Mario López Larrave —los tres asesinados, el primero por el régimen de Arana y los últimos por Lucas—, Félix Castillo Milla, Carlos Guzmán Böckler, Julio de León Méndez, José Barnoya García, Rafael Montiel Hedges, Alfredo Balsells Tojo, Francisco Villagrán Kramer, Edmundo Vásquez Martínez y Ángel Valle Girón.

' En 1971, a instancia de Adoflo Mijangos, se organizó la primera Asociación Guatemalteca para la Defensa de los DD. HH.

Alejandro Balsells Conde

En 1963, ante el anuncio de una nueva candidatura de Juan José Arévalo, el Ejército, como institución y bajo la batuta de Enrique Peralta Azurdia, dio el cuartelazo. Como consecuencia se militarizó el país, con el pretexto de que “la amenaza comunista” representada por Arévalo exigía “defender la democracia” con tanques, botas y balas. Con este gobierno comenzó la práctica oficial de detener y desaparecer opositores. Debemos a la vez recordar la historia reciente, porque siempre una asociación defensora de derechos humanos es molesta al poder, y los gobiernos de Lucas y Ríos Montt fueron muy represivos.

En el mundo, los primeros obreros que exigieron jornadas de 8 horas fueron puestos presos y ultimados; las primeras mujeres promotoras del derecho al sufragio y a la igualdad fueron también puestas presas y ultimadas. Por ello es que los reconocimientos de los derechos se denominan “conquistas”; la lucha es frente al poder y al poder no le gusta ceder. La ley es de una decisión política y la nueva ley reguladora del derecho de asociación le otorga más facultades discrecionales al Ministerio de Gobernación para entorpecer la labor de defensa de los derechos humanos, lo cual constituye un mensaje restrictivo al “derecho de asociación”, el cual es un pivote del Constitucionalismo Liberal en el mundo, y acá una se le ve como amenaza.

Además, la norma nace en un ambiente donde carros del Ministerio de Gobernación sin placas proceden a capturas ordenadas por juez, un fiscal llamado Rafael Curruchiche lanza acusaciones, tal auditor de guerra de los años 60, y un tema aparente sencillo como lo es determinar inexactitudes o falsedades en un acta notarial, se convierte en un aspecto que lleva más de ocho días y con otros delitos armados de mala fe para los 15 fundadores de un partido ambientalista. Por supuesto, con el agravante de que la defensa de la naturaleza en el país se ha visto como un “problema para el desarrollo” y por esas formas de pensar Amatitlán es nuestro mejor monumento. El derecho de asociación para la defensa de los derechos humanos no gustará jamás al poder. La historia lo comprueba y no importa si el gobierno es de izquierda o derecha, el poder es el mismo y el ser humano tiende a abusar de él, de esa ecuación nadie se escapa.

ESCRITO POR:

Alejandro Balsells Conde

Abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y catedrático de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios. Ha sido consultor de entidades nacionales e internacionales, y ejerce el derecho.