Una discusión polarizada, adentro y afuera del Congreso, han generado tres iniciativas de ley que han acaparado la atención casi generalizada en las últimas tres semanas.

La Comisión Pesquisidora encargada de revisar las diligencias de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales quedó integrada en su mayoría por congresistas opositores.

El Congreso no logra aprobar la ley para la Agilización de la Ejecución del Libramiento del Tramo Carretero en los municipios del departamento de Chimaltenango, pese a que solo falta aprobar cuatro artículos, el preámbulo y la redacción final.

En la sesión plenaria que se celebrará este martes a las 14 horas se integrará la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio que se sigue en contra del presidente Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito.

Luego que ayer trascendiera que el diputado Luis Hernández Azmitia, fue un mediador entre un grupo de empresarios y el partido Encuentro por Guatemala (EG), para hacer llegar un aporte económico para la campaña electoral de 2011, el legislador se presentó de forma voltaria a la fiscalía para brindar información.

La denuncia en contra de Nineth Montenegro por financiamiento ilícito del partido Encuentro por Guatemala también implicaría al actual diputado del Movimiento Reformador (MR), Luis Hernández Azmitia, de acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía.

El expediente del antejuicio  del presidente Jimmy Morales ya fue enviado al Congreso por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión Pesquisidora podría conformarse el próximo martes.

La discusión de las iniciativas de ley para la Protección a la Violencia Sexual a las Niñas y la de Identidad de Género han provocado en las últimas semanas una discusión sobre el aborto y derechos de la comunidad LGTBI. 

El Congreso aprobó un decreto ley para que las quince menores sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción recibirán una pensión vitalicia.

La bancada oficial buscará en los próximos días dictaminar a favor la iniciativa que busca una ampliación presupuestaria para el ministerio de Educación y darle viabilidad al pacto colectivo de esa institución, compromiso que significa casi Q1 mil millones.