Una situación singular ocurrió este lunes en el Congreso durante la elección de 15 magistrados para ocupar cargos en Corte de apelaciones, cuando un candidato, fallecido hace dos  meses, recibió 15 votos a favor.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en Guatemala generó comentarios de rechazo en el Ejecutivo y Legislativo, que incluso señalan a la Corte de “legislar” y   enviar “malas señales” a la población.

La aprobación del Presupuesto para el 2018 es un tema sensible en el Legislativo, en donde ya comienza a generar opiniones encontradas.

El fuerte desgaste que ha sufrido el Congreso en los últimos meses, derivado de una serie de decisiones que han generado descontento popular, como haber protegido al mandatario Jimmy Morales de un antejuicio e intentado aprobar leyes que procuraban impunidad, ha hecho que la discusión para elegir al próximo presidente de ese organismo sea bastante hermética entre los parlamentarios.

El Ministerio de la Defensa pidió a la Comisión de Finanzas del Congreso que considere aumentar en Q400 millones su presupuesto para el 2018.  

El gobierno de Honduras denunció recientemente que Guatemala no hace lo suficiente por contener la suciedad del río Motagua, para autoridades de ambiente es "incongruente", que ese país hable de una indemnización; sin embargo, la canciller guatemalteca afirma que ello no afectará las relaciones entre países. 

En un pequeño municipio del Triángulo Norte de Huehuetenango habitan cientos de pobladores que hablan un idioma diferente a los 22 reconocidos oficialmente por el Estado guatemalteco: el kohataneko.

Ante las críticas hacia la clase política, y principalmente al Congreso por sus cuestionados pactos para favorecerse, diputados de cuatro bancadas evalúan la posibilidad de integrar un frente parlamentario para impulsar propuestas que recojan las demandas ciudadanas que la mayoría del pleno ha ignorado.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), afirman que el proyecto era inviable y ya no seguirá porque no funciona.

Privados de libertad ligados a procesos de lavado de dinero, defraudación tributaria, casos especial de defraudación tributaria y defraudación aduanera solicitaron manifestar en seis cárceles, algo que el Sistema Penitenciario no ha autorizado.