Las macabras historias de los “hogares seguros” en donde van a parar niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad revelan hasta dónde son capaces de operar las organizaciones criminales y cómo la sociedad calla y tolera. Estas aberraciones suceden no solo en Guatemala, Argentina o Chile; también en países más desarrollados en donde los derechos de la niñez pasan por debajo de la vista pública y se violan sin control alguno. Las víctimas, al pertenecer a los sectores más débiles de la población —NNA pobres, abandonados y sometidos a la autoridad de otros— no poseen la menor credibilidad frente a los sistemas de justicia.

Mujeres apuñaladas en Chile en plena vía pública por exigir el respeto de sus derechos reproductivos; mujeres agredidas en Argentina, en medio de su exigencia por el derecho al aborto; mujeres lapidadas en los países musulmanes por demandar la libertad individual que les ha sido negada por mandato religioso; mujeres en Centro América asesinadas por protestar contra la destrucción de su hábitat, contra la corrupción gubernamental, contra el abuso de los dueños del capital; monjas de distintas congregaciones denunciando violaciones sexuales perpetradas por jerarcas de la iglesia católica. Mujeres, todas ellas, enfrentadas a un inmenso poder patriarcal cuya fuerza sanciona cada uno de sus pasos y se apodera de sus derechos para someterlas a una esclavitud naturalizada por las sociedades a las cuales pertenecen.

Cerca de 300 muertos y alrededor de 2 mil heridos ha dejado hasta la fecha la represión en las jornadas de protesta en Nicaragua. Esto refleja la profunda crisis de autoridad del gobierno de Daniel Ortega –el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional quien derrocó al dictador Anastasio Somoza hace ya 39 años- y marca la necesidad urgente de un cambio en el escenario político de ese país hacia un ambiente de diálogo y consenso, un umbral que ya parece difícil alcanzar. El perfil de las víctimas de la represión habla por sí solo: son jóvenes estudiantes, sacerdotes, niños, adolescentes, hombres, mujeres y personas mayores cuyo único delito es salir a las calles a manifestar su repudio contra el gobierno y sus políticas. Los ataques, de una violencia extrema, han sucedido en distintas localidades de ese país, protagonizados tanto por la Policía Nacional como por grupos parapoliciales.

Un movimiento colectivo puede generar cambios trascendentales.

En cuanto vi las noticias sobre los niños atrapados en un sistema de cavernas en Tailandia regresaron a mi mente las imágenes de las niñas guatemaltecas quemadas en uno de los “hogares seguros” del sistema de protección de la niñez en Guatemala. Las vi tendidas en las camillas y escuché sus alaridos de dolor y pánico. Vi cómo los representantes de las autoridades de seguridad, supuestos a protegerlas, las observaban con desdén; y también regresaron a mi memoria los rostros angustiados de familiares y bomberos que acudieron a socorrerlas. Muchos vimos y escuchamos a través de los medios de comunicación las declaraciones contradictorias de los responsables de su seguridad y seguimos el hilo de las noticias, incrédulos cuando las máximas autoridades intentaron endosar la culpa a las víctimas.

Los libros son pequeños universos en donde a veces nos perdemos.

El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros— les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.

Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares, sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.

Nunca la degradación de un gobierno había sido tan contundente como ahora.

En este medio se publicó un reportaje-denuncia sobre el estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.