Luego de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instó a denunciar coacciones de funcionarios, en su cuenta personal de Twitter, al consultar a expertos al respecto dijeron que un funcionario o mandatario coaccionado está en su derecho de grabar conversaciones sin caer en ilícito, aunque otro penalista considera que sí es delito hacerlo.