La excoordinadora general de la Unidad de Acceso a la Información, Dolores Zeledón, volverá a su trabajo en el Congreso luego que un juzgado ordenó restituirla en su puesto.

Tras semanas de discusión no hubo sorpresa en que los diputados  votaran  en contra —o se ausentaran— de establecer la obligación de que los partidos políticos postulen de manera más equitativa a hombres, mujeres e indígenas a   cargos de elección popular.

Diputados oficialistas y del partido Unionista ven en la consulta popular el mecanismo para que en el país se pueda aplicar la pena capital, como respuesta a los índices de criminalidad en el país. La propuesta se aleja de lo dicho esta semana por el presidente Morales.

El veto a la ley que castiga con cárcel la inasistencia a las citaciones al Congreso provocó disputa entre dos poderes del Estado. Ayer, el presidente del Legislativo, Mario Taracena, llamó a los legisladores de oposición “a demostrarle a Jimmy Morales que no se tiene que meter con los diputados”.

El Congreso de la República intentará conseguir la mayoría calificada y rechazar el veto presidencial al Decreto 13-2016 que obligaba, con pena de cárcel, a los funcionarios a asistir a las citaciones parlamentarias.

Entre diputados existe una marcada división por aplicar máximo castigo.

Los diputados Gustavo Medrano, de Libertad Democrática Renovada (Líder), y Stella Alonzo, del Partido Patriota (PP), se han convertido en los más faltistas durante el primer trimestre del año.

Los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte han salido a relucir desde que la semana recién pasada se presentó una iniciativa para regular el indulto presidencial, razón por la cual está suspendida su aplicación.

El ministro de la Defensa, Williams Mansilla, reconoció ante diputados del Congreso que fue "un error" no arrestar al soldado por la violación de la estudiante en el instituto Adolfo V. Hall de Retalhuleu.

La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, que ha anulado la Corte de Constitucionalidad, desde su aprobación el 8 de abril del 2014 estuvo marcada por el rechazo de distintos sectores del país.