Hace algunos días terminé de leer Precariado. Una carta de derechos, de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres. Standing desarrolla una definición sobre lo que considera una nueva clase social, el precariado, caracterizada por la inseguridad crónica y con derechos cada vez más limitados. He aquí doce preguntas para que usted evalúe si es parte de esta clase social.

El próximo jueves, 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Este día sirve para hacer un homenaje a las mujeres, hermanas e hijas, madres y abuelas, maestras y estudiantes, obreras y científicas, profesionales y cuidadoras, políticas y empresarias que al luchar por sus derechos, han promovido las garantías de todos a tener voz y voto, educación y salud, vivienda, trabajo, tierra, justicia y seguridad social, entre otros. También es vital para reivindicar el derecho a la igualdad, contrario a los patrones patriarcales y machistas que continúan fijando formas de comportamiento, de pensar y de actuar, así como tipos de educación, trabajo y recompensa según seamos hombres o mujeres.

Transparencia Internacional ha publicado recientemente la edición número 25 de su índice sobre la percepción de la corrupción (IPC). El estudio, que comprende la evaluación de la percepción de la corrupción en 180 países, se basa en diversas fuentes de datos que registran indicadores de gobernanza, ambiente de negocios y apreciaciones de expertos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de febrero como el Día de la Justicia Social, con el objetivo de valorar los esfuerzos de las sociedades en la lucha contra la pobreza y el desempleo, la discriminación y la desigualdad social. Pero también para reconocer que todas las personas —ciudadanos, trabajadores, empresarios y gobernantes— tenemos el urgente compromiso de construir un modelo económico y social, basado en principios de justicia, igualdad y sostenibilidad ambiental.

El pasado 1 de febrero, la canciller Sandra Jovel sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, señor António Guterres. De acuerdo con la ayuda de memoria, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MInex) —y publicada por elPeriódico el 5 de febrero—, en dicha reunión la canciller expresó que “Guatemala apoya la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) pero no al comisionado Velásquez”.

Este es un espacio para que la cultura de la legalidad y la probidad se conviertan en la base de un proyecto de nación compartido y defendido por las mayorías. Para que no se olvide que los corruptos, casi siempre, toman valor cuando los ciudadanos callan, están desunidos y desinteresados.

El más reciente caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), demominado «Traficantes de influencias», vuelve a revelar cómo algunos empresarios y funcionarios se han aprovechado de la corrupción y la impunidad para hacer negocios. El caso revela una estructura criminal que «agilizaba trámites» para la devolución del crédito fiscal que hace la Superintendencia de Administración Tributaria a los exportadores.

Guatemala está atravesando una crisis social cuyo desenlace determinará el desarrollo de un Estado democrático o la consolidación de un Estado autoritario, sustentado por la corrupción y la impunidad. Infortunadamente, esa minoría que gana con el segundo modelo  —compuesta por una amalgama de políticos, militares y empresarios— está envalentonada como resultado del aparente éxito que han tenido sus similares en Nicaragua y Honduras.

El domingo pasado, el presidente Morales presentó en el Congreso su segundo informe de gobierno. Cerca de cuatro mil efectivos del ejército y de la policía cerraron las calles cercanas para evitar a los ciudadanos acercarse al lugar. Si el país y la gestión gubernamental estuvieran tan bien como lo describe el informe, probablemente los ciudadanos se acercarían al Congreso a celebrar el buen trabajo.

Hoy hace un año fallecía Zygmunt Bauman, dejando un amplio legado de conocimiento sobre la realidad actual y cómo los ciudadanos la pueden afrontar. En 2014, Bauman publicó el libro ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, en el que desarrolla los pilares de la desigualdad social, y nos recuerda la gran contradicción que existe entre la realidad que afronta a diario la mayoría de personas y esa idea de que “la mejor manera de ayudar a los pobres a salir de su miseria es permitir que los ricos sean aún más ricos”, narrativa construida por una minoría poco democrática que vive del fundamentalismo del mercado y profesa la ideología del derrame asentada en opiniones y argumentos fraudulentos y engañosos.