Magalí Rey Rosa
NOTAS DE Magalí Rey Rosa
Opinión
¿Habrá otras líneas?
Vamos de nuevo a las urnas, enmedio de la espantosa disyuntiva de escoger entre un comediante racista y misógino y una señora ambiciosa e inescrupulosa. Sin importar quién quede, allí sigue el 80-90% de quienes conforman “las líneas”, las estructuras mafiosas que roban dinero del pueblo de Guatemala desde hace más de tres décadas. Entre la ciudadanía hay sentimientos mezclados, que afloran en pláticas, columnas, editoriales, programas de radio: confusión, desesperación, frustración, esperanza, optimismo, miedo, tristeza..., pues no queda claro cuán reales y profundos son los cambios que se van logrando. ¿Se está depurando el sistema corrupto a base de investigación y aplicación de justicia; o solo son unos cuantos sacrificios, inevitables para calmar los ánimos de la población, y el sistema sigue funcionando como antes?
Opinión
A ver quién se atreve
La población de Guatemala se encuentra ahora en una situación terrible. Debe elegir a la persona que presidirá el país durante los próximos cuatro años con su equipo de trabajo, entre dos opciones que pertenecen precisamente a esa “escuela” política a la que repudió con tanta indignación. Forzada a votar —por segunda vez— en las peores condiciones, esta nueva ciudadanía guatemalteca que despertó, que entiende más, que es enérgica y numerosa y se encuentra dispersa en todo el territorio nacional, puede volver a ejercer su cuota de poder. Hay temas específicos sobre los que esta ciudadanía —participativa y vigilante— puede asegurar compromisos. Pongo un ejemplo, en el tema ambiental, de un compromiso verificable, como condición para dar el voto. De cara a los problemas ambientales y sociales causados por la minería química de metales, quien se comprometa públicamente a solicitar un informe sobre el estado de cada una de las operaciones de reconocimiento, exploración o explotación vigentes, auditado por un grupo de expertos sombra, y a actuar en consecuencia, podría aspirar al voto de muchos miles de guatemaltecos que no la quieren en sus territorios. El informe sería hecho por un equipo multidisciplinario, multinacional e independiente, que debe recopilar la información con la colaboración de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y analizarla, en cuanto asuma el nuevo gobierno. Con esa información se determinaría cuáles son las operaciones mineras que tienen todo en regla y operan en orden, sin causar conflicto social. Esas minas podrían seguir operando hasta terminar el tiempo estipulado, sin expectativa de prórroga. Las operaciones que tienen problemas sociales o ambientales serían intervenidas inmediatamente, y escrutadas más profundamente. Las que tienen problemas legales se deberán suspender definitivamente. Guatemala tiene demasiados problemas como para estar resolviendo los conflictos inherentes a la minería metálica, que —además— deja destrucción y contaminación irreversibles. El compromiso debe incluir también respetar las consultas: no puede haber minería donde la gran mayoría de la gente no la quiere.
Opinión
¿Transición o transacción?
¿Qué hará el gobierno de tran- sición? En tan poco tiempo, casi nada; pero podría hacer cosas importantes. En lo ambiental: no permitir que se otorgue una sola concesión de explotación de bienes naturales durante su extraño período, si quiere verse decente. La corrupción en el MARN llegó a niveles insospechados durante los últimos años. Para quienes llevamos décadas en estas lides, no es difícil identificar que el impresionante aumento en la corrupción —en las instituciones gubernamentales— corresponde con la llegada de la minería metálica moderna. Hubo corrupción en ese ministerio antes, pero no tan burda. No insinúo que la minería metálica sea el único factor procorrupción. A la vanguardia estuvo el tema petrolero; en la explotación de nuestros bosques hubo antes prácticas no lícitas. Recuerdo los escándalos de corrupción relacionados con la explotación maderera en Petén, cuando el licenciado Valladares era procurador general de la Nación y los ambientalistas hacíamos esfuerzos por probar la participación de “ilustres” peteneros, a quienes no se les pudo comprobar nada gracias a que “se perdieron” los expedientes...
Opinión
Esto apenas empieza
La renuncia de Otto Pérez Molina es una tremenda victoria, cuyo mérito corresponde únicamente al pueblo de Guatemala. Este pueblo, que sobrevive en uno de los países más violentos del mundo, sentó cátedra al obligar a renunciar a su presidente corrupto a fuerza de cantar el himno nacional y sonar vuvuzelas todos los sábados entre abril y agosto. Ningún otro sector organizado tuvo la contundencia, la claridad y la convicción de que lo justo y lo necesario era que ese señor renunciara. Fue el pueblo, unido, de manera espontánea. Cuando digo pueblo, me refiero a quienes nos vimos, una y otra vez, en la Plaza de la Constitución: mujeres, niñas, ancianos, patojos, hombres, profesionales, campesinos, artistas, deportistas, motoristas, religiosos, policías, amas de casa, estudiantes... juntos, agitando banderas y levantando pancartas.
Opinión
¡Fuera! ¡Fuera!
El año pasado, una guatemalteca, valiente y altiva, trató de salvar a Guatemala y sacrificó su futuro profesional para advertirnos hasta dónde llega la corrupción en el sistema de justicia. Muy poca gente reconoció o agradeció el sacrificio de Claudia Escobar, muchos se dedicaron a criticarla. Si la hubieran tomado en serio, si la hubieran apoyado y se hubiera procedido correctamente, hoy no estaríamos en estos trapos de cucaracha, viendo cómo la justicia en Guatemala está en manos de jueces y juezas venales y corruptos. Pero Guatemala tiene también jueces y juezas probos y dignos, dispuestos a impartir justicia pese a quien le pese, como el Señor Juez Miguel Ángel Gálvez. El papel más importante para esta nueva ciudadanía despierta y activa es mantenerse vigilante: apoyar a quienes trabajan por Guatemala; y denunciar, repudiar y perseguir penalmente a quienes osen traicionarla.
Opinión
¿Va a darles su voto?
No creo que debamos ir a elecciones en estas condiciones. No quiero participar en este proceso electoral porque estamos condenando a Guatemala a seguir gobernada por delincuentes. Pero creo que, para quienes piensan hacerlo, sería bueno tomar en cuenta el criterio ambiental para decidir su voto. Las propuestas —de 13 de los 14 candidatos— publicadas en Prensa Libre el domingo pasado hablan de: ley de aguas, exigir el cumplimiento de las leyes ambientales, adecuar la Ley de Minería (A. Giammattei); que el MARN deje de ser tramitador de evaluaciones de impacto ambiental, y énfasis en el cambio climático (A. García); no propone nada (J. Morales); promover el turismo ecológico y el desarrollo sustentable, recuperar suelos, controlar la contaminación, saneamiento ambiental (J. A. López); educación ambiental, tecnologías más limpias (J. Gutiérrez); reestructurar el sistema para la emisión de estudios de impacto ambiental, fortalecer la institucionalidad (L. Sosa); reformar la Ley de Protección del Medio Ambiente, consumir productos amigables (L. F. Pérez); crear en la Cancillería (¿?) un organismo especializado en materia ambiental y cambio climático (M. Baldizón); revisión de normativa vigente, declaración de zonas protegidas, reciclaje (M. D. García); enfocarse en minería, petróleo, recursos no renovables, energía y recursos renovables (M. Estrada); impulsar los derechos de la Madre Tierra y tratar a las empresas extractivas de manera diferente (M. A. Sandoval); impulsar los mercados de servicios ambientales y desarrollar estudios científicos para el saneamiento de lagos y ríos, ley de educación ambiental (R. González); reformar la ley de minería para mejorar las regalías, empresas mixtas y garantizar derechos de las comunidades (S. Torres). Nada dice Z. Ríos, porque no respondió a PL.
Opinión
El proceso apesta
“Este proceso electoral apesta y está plagado de todo tipo de violaciones”, es lo que se desprende de la columna de opinión del Lic. Alex Balsells. En medio de la terrible confusión que abruma a la ciudadanía guatemalteca, creo que eso —y que el 75% del dinero que se ha utilizado en esta campaña electoral es de origen criminal— es lo único que entendemos con absoluta claridad.
Opinión
Renuncia pública
La participación de la gente que asiste a la Plaza parece haber disminuido, pero no la indignación. Han sido muchos sábados, y muy notorios los esfuerzos para dividirnos. Que si la izquierda, que si la derecha, que si los pueblos indígenas y los campesinos... ¡Basta! Quienes están interesados en que la gente ya no acuda a la Plaza son quienes están inmersos en este sistema corrupto. Quienes sí mantienen constante su participación son los jóvenes, que sueñan con que el gran cambio es posible. Y son audaces en sus discursos y consignas, aunque usen lenguaje soez. Pero cuando vemos la grosería, la insolencia y la falta de vergüenza de los funcionarios y “dignatarios” de la nación, ese lenguaje resulta pertinente y atinado.
Opinión
En estas condiciones…
Fijo: la sociedad guatemalteca ya no es la misma. Gracias a la Cicig y al MP, quedó comprobado cómo funciona la corrupción en nuestro país y eso nos pone en un plano distinto. Es lo que habíamos sospechado y tratado de hacer evidente. Pero ahora tenemos la certeza de que la ciudadanía tiene que aprender a defenderse sola, porque los políticos (¡todos!) son la misma m(ateria prima), y cuando ya están en la guayaba les venimos guango. Eso no tiene vuelta de hoja, pero de nosotros depende cuáles sean las consecuencias.
Opinión
¡Una Cicig ambiental!
Podemos imaginar cómo están de podridas las instituciones gubernamentales que se ocupan de lo ambiental, a raíz de los nuevos descubrimientos Cicig-MP. ¿Qué pasaría si la Cicig pudiera investigar casos paradigmáticos de corrupción institucional en la administración y el manejo de nuestros bienes naturales? Alucinaríamos si supiéramos lo que pasó con Fonpetrol, cuando el gobierno de la UNE se atrevió incluso a violar normas constitucionales para ampliar ilegalmente la concesión de Perenco en la Laguna del Tigre, área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, bajo un esquema (i)legal urdido por Manuel Baldizón, con la ayuda del diputado Manuel Barquín y el apoyo incondicional de muchos alcaldes peteneros. ¡Hasta la Corte de Constitucionalidad participó en ese lamentable caso!
