Con una población de 40,702 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 48.1% de mitecos se encuentra en condiciones de pobreza y el 12.4% de pobreza extrema. Sin embargo, con el proyecto minero, propiedad de Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources Inc., los habitantes han experimentado mejoras en sus condiciones de vida.

Es por ello que dirigentes de la Asociación Mitavanza dieron a conocer su preocupación ante la incertidumbre jurídica y la creciente movilización entre los residentes del área, resultado de la iniciativa de ley en contra de la minera metálica (níquel, oro y plata). Dicha iniciativa fue presentada por el partido político VOS, proponiendo una moratoria de tres años en contra del sector minero, con un enfoque especial en la Mina Cerro Blanco.

Para Luis Enrique Monrroy, asesor ambiental de Mitavanza, esta propuesta de ley representa “un ataque mortal para la economía del país, violando derechos constitucionales y exacerbando la pobreza”.

Primeras acciones en defensa de la actividad minera

Siendo la minería la principal actividad económica para los habitantes de Asunción Mita, miembros de Mitavanza realizaron protestas y se reunieron con Danilo Mazariegos, viceministro de Energía y Minas, para manifestar su postura.

Como resultado de la reunión, se acordó la integración de mesas técnicas, una visita de campo y una próxima entrevista con Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas.  

No obstante, Mitavanza hace un llamado a las autoridades para que el proceso sea ágil, transparente y objetivo, con el fin de reactivar la economía de la zona a corto plazo.

La Mina Cerro Blanco generará:

• US$300 millones en impuestos
• US$160 millones en contribuciones directas a la economía
• 1,100 empleos durante construcción
• 500 empleos durante la operación