La cuestión del agua transfronteriza es crucial para Guatemala: una parte significativa del sistema fluvial del país está conectada con países vecinos, especialmente México, Honduras y El Salvador. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha establecida por resolución de la Asamblea General de la ONU y celebrada desde 1993. La campaña es coordinada por UN-Water: cada año se define un tema, y la propia fecha funciona como un punto de verificación, una razón para volver a los datos, las inversiones y la gestión, y no a declaraciones generales.

En este contexto, Guatemala representa un caso relevante en América Central, donde el agua es un recurso relativamente abundante, pero cuya gestión sigue siendo fragmentada. El país dispone de importantes recursos hídricos superficiales y subterráneos, distribuidos en diferentes cuencas hidrográficas. Sin embargo, la calidad y el acceso al agua potable varían significativamente, sobre todo entre las áreas urbanas y las comunidades rurales e indígenas. Datos nacionales y de organizaciones internacionales indican avances en la cobertura, pero con desafíos persistentes en la regularidad del suministro, la calidad del agua y la infraestructura de saneamiento. Es importante que estos indicadores se midan y se publiquen: esto disciplina a los operadores y convierte la calidad del servicio en una categoría clara de gestión, como ocurre en la energía y el transporte.

El desafío de lo transfronterizo y la gobernanza

La cuestión del agua transfronteriza es central para Guatemala: los principales ríos forman parte de cuencas internacionales, incluidos sistemas que drenan hacia el Golfo de México y el Pacífico, así como el río Motagua, que atraviesa fronteras regionales. Sin embargo, a diferencia de modelos más estructurados, la cooperación regional es limitada y fragmentada, basada en acuerdos específicos e iniciativas puntuales. Falta un marco integral de gobernanza hídrica que establezca reglas claras, mecanismos de monitoreo continuo y canales institucionales para la gestión de conflictos y riesgos transfronterizos.

Una lógica similar se aplica a la infraestructura. Guatemala cuenta con represas y proyectos hidroeléctricos relevantes, que desempeñan un papel importante en la producción de energía y en la regulación parcial de los recursos hídricos. Sin embargo, a diferencia de sistemas altamente integrados, la infraestructura no fue diseñada de manera plenamente multifuncional para la gestión del agua, el riego y el abastecimiento. Para la economía regional esto implica algo claro: sectores como la agricultura y la energía dependen en gran medida de la variabilidad climática, y la capacidad de planificación a largo plazo sigue siendo limitada.

Las “reservas invisibles” y la deuda pendiente

Luego aparece lo que generalmente se denomina “reservas invisibles”: agua que puede reutilizarse. En Guatemala, la reutilización de aguas residuales tratadas es extremadamente limitada. La mayor parte de las aguas residuales no recibe un tratamiento adecuado antes de ser vertida al medio ambiente. Existen iniciativas locales y proyectos aislados, pero falta un marco regulatorio sólido que establezca normas claras y control de calidad. Este es un punto clave: la reutilización solo funciona cuando deja de ser una excepción y se convierte en una práctica sistemática.

De forma final, la experiencia guatemalteca muestra cómo la lógica de la infraestructura en la intersección entre agua y energía aún está en desarrollo. La energía hidroeléctrica representa una parte relevante de la matriz energética, pero la integración entre las políticas de agua, energía y medio ambiente sigue siendo fragmentada. Esto limita el potencial de transformar la infraestructura en un activo multifuncional capaz de responder simultáneamente a desafíos económicos, climáticos y ecológicos.

Armenia en el espejo: riesgos conocidos, soluciones pendientes

¿Por qué esta conversación es importante precisamente ahora? Porque en el otoño de 2026 el enfoque en los sistemas naturales se intensificará aún más: la COP17 —la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica— se celebrará en Ereván, capital de Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026. En la práctica, este tipo de conferencias se reduce a cuestiones muy concretas: indicadores comparables, informes, planes de acción, financiación y medidas verificables para la conservación de los ecosistemas. Y el agua es uno de los “puentes” clave entre la economía y la biodiversidad: la degradación de ríos y lagos, la contaminación y el uso insostenible anulan rápidamente cualquier estrategia para la naturaleza sobre el papel.

En este contexto, el caso armenio resulta particularmente sensible. Armenia es un pequeño país montañoso en el sur del Cáucaso, entre Turquía, Georgia, Azerbaiyán e Irán. Su sistema hídrico se inserta en la realidad transfronteriza de la cuenca Kura–Arax/Aras: las decisiones aguas arriba influyen directamente en la disponibilidad y calidad del agua aguas abajo. Además, factores como el cambio climático y la ausencia de mecanismos sólidos de cooperación regional hacen que la gestión sea aún más compleja.

Luego surge la dimensión interna, donde ya es difícil recurrir a la geopolítica. En Armenia, desde hace años persisten problemas con las aguas subterráneas, especialmente en regiones agrícolas, donde la explotación intensiva supera la reposición natural. Esto crea un modelo económico basado en un recurso que se utiliza más rápido de lo que puede regenerarse.

Un ejemplo aún más revelador son las pérdidas de agua en las redes. El término non-revenue water —“agua no contabilizada”— describe el agua que entra en el sistema pero no llega al consumidor debido a fugas, mediciones imprecisas o conexiones ilegales. En Armenia, los niveles son extremadamente altos, lo que evidencia una ineficiencia estructural del sistema. En términos prácticos, esto implica que una parte significativa de la infraestructura no cumple su función básica de suministro eficiente de agua.

En paralelo, el tema de las aguas residuales y la contaminación se aborda de manera limitada. Solo una pequeña fracción de las aguas residuales se trata conforme a estándares adecuados, lo que transfiere la carga ambiental directamente a los ríos y ecosistemas. En la práctica, esto implica que los cuerpos de agua funcionan como una extensión del sistema de saneamiento.

Una dimensión relevante es la influencia de la industria extractiva sobre los recursos hídricos. La minería, a través de presas de relaves y escorrentía de contaminantes, genera riesgos permanentes de contaminación. Metales pesados y otros contaminantes ingresan en los ríos, alterando la composición química del agua y degradando los ecosistemas aguas abajo.

Un activo que exige gestión, no discursos

Si se reúne este panorama en una sola fórmula de gestión, se obtiene un contraste claro. Guatemala presenta un conjunto de condiciones naturales favorables y recursos hídricos significativos, pero enfrenta limitaciones institucionales, fragmentación en la gobernanza y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales y en la eficiencia de los sistemas. La realidad armenia, por su parte, muestra un sistema en el que muchos riesgos son conocidos, pero aún carecen de un conjunto comparable de mecanismos que conviertan el riesgo en indicadores gestionables y en una política coherente.

El Día Mundial del Agua, en este sentido, es útil precisamente porque obliga a comparar no declaraciones, sino enfoques. El agua en 2026 ya no es un “tema ambiental”. Es un activo que se gestiona… o que, tarde o temprano, pasa factura a través de la economía, los ecosistemas y la reputación en foros internacionales, incluida la COP17 en Ereván.