Moisés Canahuí, directivo de Aursa, relató que el canal fue construido en 1963 por el Ministerio de Agricultura, y lo concesionó a esa entidad; sin embargo, no les entregó documentos de propiedad de los terrenos por los que pasa, por lo que no pueden tomar acciones jurídicas contra quienes invaden el canal.
Canahuí indicó que los estatutos de la servidumbre de paso en el canal establecen que no se puede construir sobre o dentro de los 10 metros desde sus orillas.
El directivo refirió que ya solicitaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) los documentos de la servidumbre del canal, para actuar jurídicamente contra los invasores.
El canal es motor de desarrollo de ese municipio, pues es utilizado para el turismo, ganadería, agricultura, industria y abastece de agua domiciliar a la población.
Herencia
Sara Pérez, una de las supuestas invasoras, refirió que su madre le dejó como herencia el terreno donde construyó su casa y parte de esta se encuentra sobre el canal, porque en el testamento no se menciona ese cauce. Agregó que su madre les dijo que el Gobierno construyó el canal, pero no negoció el terreno, el cual no es del Estado.
Salvador Herrera, delegado del Maga, indicó que esta situación es legal, por lo que será resuelto por la Dirección de Infraestructura Productiva de esa cartera.
Consideró que el riesgo de la construcción sobre el canal es que al no tener limpieza y control adecuado se vuelva un foco de contaminación, debido a la falta de mantenimiento.
Además, las viviendas estarían en riesgo debido a la filtración de agua.
