Luego fueron presentadas las actas de defunción de los 22 campesinos de El Aguacate, las cuales revelan que estos murieron por estrangulamiento y tortura.

Documentos

Tras estas actas, se presentaron aquellas que se extrajeron de los principales diarios de circulación de la época, los cuales relataban los hechos ocurridos en esta comunidad, fotografías del lugar donde había ocurrido la masacre, el traslado de los cuerpos  a la zona militar 302 con sede en este departamento y luego al salón municipal de San Andrés Itzapa, además de los cortejos fúnebres.

Luego se le dio lectura al informe que presentó el general José Luis Quilo Ayuso al Juzgado de Paz de esta localidad, tras la masacre ocurrida en noviembre de 1988, en donde destaca que ellos intervinieron luego de la presencia de pobladores a la zona militar informándoles de la desaparición de 21 lugareños de El Aguacate.

El documento relata también que al conocer de la desaparición de estas personas ellos se condujeron a la aldea El Sitio, Patzicía, lugar donde al parecer se habían internado los comunitarios a las montañas Del Soco encabezado por un pastor evangélico y habían sido atrapados por hombres armados.

Quilo Ayuso da a conocer en el informe que el primer cuerpo que localizaron en una fosa fue el del comisionado Carlos Humberto Callejas junto con 3 perros que lo acompañaban. Al adentrarse en el bosque tuvieron varios enfrentamientos con la guerrilla, por lo que solicitaron apoyo aéreo trasladando a 2 militares heridos y el cuerpo que habían encontrado.

El sábado 26 de noviembre de 1988, según describe Ayuso, tras haberse apoderado del campamento del frente Guerrillero Javier Tambriz, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)  tras varios enfrentamientos descubrieron 3 fosas más en la cual encontraron los cuerpos de los campesinos, los cuales presentaban señales de tortura y estrangulamiento.

Seguido a esto se improvisó un helipuerto para trasladar a los muertos a la zona militar, practicarles autopsias y entregarlos a los deudos.

Informe

Otro documento al que se le dio lectura fue al informe de la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) la cual en 1990 procedió a realizar una investigación tras hacer recibido una denuncia en la cual se responsabilizaba al Ejército de ser el responsable de la muerte de los comunitarios.

La denuncia relata que el Ejército había atrapado a los comunitarios en la montaña y al presumir que estos eran guerrilleros los habían trasladado a la zona militar en donde les habían dado muerte y luego los habían ido a depositar a las fosas de la montaña en mención, con el objetivo de responsabilizar a los insurgentes de este acto.

Tras una investigación de la CIDH,  esta concluyó que era ilógico que el Ejército ejecutara a  los comunitarios en la zona militar, por la cercanía de un plantel educativo. Movilizar a los comunitarios de las montañas al cuartel generaría que la población se diera cuenta, además el traslado de los cuerpos para depositarlos en las fosas de igual forma era notorio; además, el lugar donde fueron encontrados era de difícil acceso.

La investigación da a conocer también que el 25 de enero de 1990 este grupo de la CIDH visitó el lugar del hallazgo, en donde se encontraron prendas  de vestir de los comunitarios. Las fosas eran trincheras bien fabricadas, por lo que determinó que era imposible que el Ejercito fuera el responsable.

Además, por varias relatos que obtuvieron con lugareños, éstos indicaban que tenían buena relación con el Ejército, ya que la mayoría de los fallecidos tenía parentesco con el ministro de la defensa de la época, informe que fue presentado en la 78 y 79 sección interamericana de la CIDH en 1990 y 1991.

El debate continuara el 5 de junio, cuando se presentarán las 31 pruebas que hicieron falta del MP y 6 de la defensa.