El Progreso

Edil de Sansare recibe revés legal

La Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente denegó en definitiva el amparo solicitado por Pablo Aguilar Morales, alcalde de Sansare, El Progreso, contra la Contraloría General de Cuentas (CGC), que le revocó el finiquito con el que tomó posesión del cargo.

el exalcalde Edvin Morales —centro— denuncia amenazas e intimidaciones.

el exalcalde Edvin Morales —centro— denuncia amenazas e intimidaciones.

La aludida sala establece en su resolución, del 30 de marzo último: “Deniega por notoriamente improcedente el amparo a Pablo Aguilar Morales en contra de la Contraloría General de Cuentas”.

Además, se exonera al postulante de las costas procesales y se condena a su abogado, Santiago Aníbal Juárez Merlos, al pago de una multa de Q1 mil.

El alcalde Aguilar asumió el cargo el 15 de enero de este año, con un amparo provisional que le otorgó un juzgado de Barberena, Santa Rosa, pues no tenía finiquito de la CGC.

La CGC emitió una resolución en la que prohibía a Aguilar continuar ejerciendo el cargo a partir del 27 de febrero, pero el funcionario apeló esa decisión.

En la parte resolutiva, el fallo de la Sala Cuarta de Apelaciones explica que Aguilar Morales tiene una denuncia presentada en su contra por la CGC en el Ministerio Público, con fecha del 12 de enero último, y que se encuentra en trámite.

Agrega que de acuerdo con el mandato constitucional, contenido en el artículo 232, sobre la obligación de velar por el régimen de fiscalización del gasto público, la CGC procedió a revocar el finiquito otorgado al funcionario, el cual era una constancia transitoria.

Por ello, la Sala consideró que no se violó el derecho de defensa como Aguilar lo expuso en sus argumentos.

Amenazas

El exalcalde Edvin Morales manifestó en conferencia de prensa que, junto a otras personas que participaron con él en el pasado proceso electoral, ha acompañado el proceso contra el jefe edil.

Afirmó que han sido víctimas de persecución y amenazas, a tal grado que una investigación que ellos realizaron determinó que sicarios de Jalapa habían sido contratados para matarlos.

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