Las autoridades indicaron que los municipios donde más capturas se han reportado son Sanarate, San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya, Morazán y San Antonio La Paz.
Estadísticas del Organismo Judicial revelan que entre el 2012 y el 2013 se llevaron a cabo 224 juicios por ese delito en el departamento.
Eduardo Cardona, jefe de la Comisaría 53 de la PNC, comentó que según el artículo 242 del Código Penal, si una persona comete el delito de negación de asistencia económica puede enfrentar una pena de seis meses a dos años de cárcel.
En los tribunales se supo que, además del tiempo de cárcel, quienes cometen este delito pueden también sufrir un embargo del 50 por ciento de su sueldo por concepto de pensión alimentaria.
Algunos vecinos consideran que es bueno que se actúe contra los hombres que niegan la asistencia a sus hijos, ya que muchas veces los niños quedan desamparados.
