Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron el desalojo de los vecinos, el cual se desarrolló de mutuo acuerdo.
Según Walter Gudiel, representante de la inmobiliaria, los campesinos fueron engañados por un grupo de personas, quienes les dijeron que la propiedad estaba bajo litigio legal, es por eso que se realizaron los procesos legales para determinar la legitimidad de los dueños.
Los comunitarios afectados indicaron que son personas de escasos recursos, incluso son originarios de departamentos del altiplano.
La fiscal que participó en el desalojo Alida Aracely Caal, recomendó a los afectados demandar a las personas que les habían dado las tierras en arrendamiento.
