La obra es un proyecto otorgado en usufructo de 25 años a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El sindicalista Javier Reyes resaltó que fue un error del Gobierno haber inaugurado los trabajos en agosto último, sin los citados requisitos.
El líder comunitario, Otto Véliz, dijo que les molesta que las empresas que están en terrenos del Puerto Quetzal no paguen impuestos a la comuna.
Agregó que TCQ tendría que cancelar unos Q14 millones por licencia de construcción, lo que beneficiaría a 54 comunidades.
El alcalde, Jorge Rizo, admitió que el estudio de impacto ambiental es un requisito para que la municipalidad autorice la obra.
Rodolfo Ibarra, relacionista de TCQ, dijo que la licencia de construcción no es procedente porque se trata de una obra dentro de Puerto Quetzal, el cual está exento de tasas municipales. Agregó que sí tienen estudio de impacto ambiental.