Los municipios donde se reporta la conflictividad son San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.
El Centro de Administración de Justicia (CAJ) de esos municipios se encuentra en Santa Eulalia, de donde fueron trasladados los funcionarios.
La conflictividad se ha derivado del rechazo a proyectos hidroeléctricos y la captura de personas sindicadas de promover disturbios en contra de las empresas.
El traslado también afecta a pobladores de San Miguel Acatán, San Sebastián Coatán y San Rafael La Independencia, que también deben viajar a Santa Eulalia para tramitar asuntos judiciales.
Érick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que los conflictos han degenerado en disturbios y secuestro de funcionarios del Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), Defensa Pública Penal y PDH, así como integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes se les han violado sus derechos.
Lea la nota completa en la edición impresa