Según el informe policial, los peritos del Ministerio Público solicitaron en dicho negocio las facturas que ampararan la compra de cada aparato para su venta, o el documento que respaldara que estaban en reparación, pero Cisneros no presentó documentos.
El detenido, quien es propietario del referido negocio, fue trasladado al juzgado que emitió la orden del cateo.
En octubre del año pasado entró en vigencia la Ley contra el robo de celulares, la cual contempla hasta 10 años de prisión y hasta Q250 mil de multa para quienes comercialicen, reparen, vendan y almacenen terminales móviles denunciada como robada o alterada, y por comercializar ese tipo de dispositivos sin contar con el registro o constancia de inscripción.
