¿Cómo ve el desenvolvimiento del Congreso para el resto del año?

A pesar de la polarización existente hemos afinado una agenda mínima, tomando en cuenta que solo nos quedan cuatro días para sesiones ordinarias en octubre, y seis para sesiones en noviembre, toda vez que estamos a las puertas de cinco interpelaciones pedidas por la oposición no propositiva.

¿En qué consiste esa agenda mínima?

Entre los temas están dos préstamos aprobados la semana recién pasada. Esperamos resolver el Presupuesto de la Nación para 2013 y la elección de la Junta Directiva. Los otros cuatro serían la reforma a la Ley Electoral y las reformas constitucionales, la ley anticorrupción y aprobación de bonos para pagar deudas de arrastre a través del Ministerio de Comunicaciones y Fonapaz. Por cierto, no vemos interés del Ejecutivo en este asunto.

¿Qué piensa de las reformas electorales?

Que hay que ir paso a paso y con prudencia. En la Ley Electoral la cirugía sería menor. Dos ejemplos: el voto en el extranjero. ¿A cuál de los 23 distritos electorales se le cargará? De 23 a 60 distritos, se corre el riesgo de perder la representación de minorías. Hoy, el 75 por ciento de diputados son distritales y cada quien conoce a sus electores y viceversa.

¿Hay resistencia a aprobar la ley anticorrupción?

Por parte de la Gana —Gran Alianza Nacional—, mi bancada, que es ponente de una de las iniciativas, ha habido disposición de apoyarla. En forma personal, como miembro de la Comisión de Legislación, firmé el dictamen positivo de esta iniciativa, y en el primero y segundo intentos de aprobación dimos nuestro voto.

Hay grupos que manejan doble discurso. Por ejemplo, el día que quisimos aprobarla de urgencia nacional estábamos 119 diputados en el hemiciclo, pero cuando se inició la votación una bancada completa se salió y nos quedamos con cien votos. En el segundo intento, el mismo grupo bloqueó la aprobación. Por otro lado, tres legisladores que tienen años de estar en el Congreso también la han frenado con argumentos muy débiles. Los diputados enfrentan una acción penal, por un supuesto soborno del Ejecutivo.

Con esa denuncia y otras 20 aproximadamente solo buscan protagonismo mediático. Debería desestimarse, pues está cargada de argumentos espurios.

¿La gobernabilidad se vería afectada por casos como la protesta trágica de Totonicapán?

En el caso de Totonicapán, el Ejecutivo reconoció el error cometido en el operativo, y todo lo demás corresponde a la persecución penal. Pero este y otros hechos, como la toma de rehenes en San Marcos o Petén, deben servir para reevaluar el concepto de gobernabilidad. Desde la capital pareciera que están desgastadas las mesas temáticas, que deben abrirse en los departamentos, porque los problemas están allá.

Existe una denuncia penal contra el presidente y el ministro de la Defensa. La acción fue activada por la oposición radical. Creo que está metiendo aguja para sacar hilo. La misma que hoy aboga por la vida y hace un año ofrecía la pena de muerte.

¿Cómo valora el desarrollo de Petén?

El desarrollo trae cosas buenas y malas. La mayoría de la población se dedica a lo bueno. Hace falta mucho por hacer, pero hoy en día Fonpetrol le está generando a Petén entre Q180 millones y Q200 millones anuales. Hay que velar porque la inversión sea seria y transparente.