“A principios de octubre nos enteramos de que la finca ya no nos pertenecía. Investigamos qué estaba pasando, y nos dimos cuenta de la existencia de la escritura pública de compraventa número 109, que hace casi 12 años realizó la abogada Juárez”, explicó.
“El documento hace constar que Félix Armando Pinto Tobar, de la cooperativa, fue quien supuestamente vendió el terreno, y la escritura fue asentada en el Registro el 30 de septiembre del 2011”, afirmó Aguilar.
Pinto señaló que nunca firmó esa transacción.
“Otro de los problemas que enfrentamos es que el 27 de enero de este año, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil de Guatemala dictó sentencia que anuló la escritura 114, autorizada el 22 de octubre de 1999 a favor de los cooperativistas”, manifestó.
Darío Rodas, otro afectado, dijo que los vecinos piden que se haga una investigación exhaustiva de ese caso, para recuperar el terreno.
La abogada Juárez, al ser consultada, dijo: “Tengo más de 20 años de ejercer la abogacía, y desconozco de lo que me está hablando; voy a verificar en los tribunales para conocer el caso. Estoy tranquila; no entiendo por qué me acusan”, señaló.
