Añadió que la convocatoria fue masiva y que nunca antes los pobladores se habían mostrado tan unidos como este miércoles, lo que demuestra que los guatemaltecos están cansados de tanta corrupción, al hacer referencia al “pacto” que los diputados hicieron para beneficiar a funcionarios que obtienen fondos de manera ilegal.
Explicó que los habitantes del pueblo están insatisfechos con las autoridades locales, quienes mostraron su apoyo a los funcionarios corruptos, y recordó que en el pueblo hay un hospital de Q76 millones abandonado, un mercado que costará a la población Q60 millones, un proyecto de drenajes de Q20 millones y la introducción de un sistema de agua entubada en el cual se invertirán Q50 millones.
Agregó que esos proyectos son necesario, pero algunos están abandonados y otros pagan altos intereses, porque los fondos son gestionados a través de préstamos, lo que considera injusto.
El líder comunitario dijo que la corrupción viene desde el gobierno anterior y que ya es tiempo de que los guatemaltecos se levanten y exijan que sus derechos sean respetados. A la marcha se unieron maestros y salubristas que también lamentan la falta de compromiso de los diputados por representarlos con transparencia en ese organismo del estado.
“La convocatoria fue satisfactoria. Todos colaboraron para que la gente asistiera y demostrara su rechazo contra la corrupción, incluso, los autobuseros bajaron el precio al pasaje para que la movilización fuera masiva”, comentó.
Pacto de corruptos
“No toleraremos más la corrupción”, señaló por su lado el colectivo Justicia Ya, surgido en el 2015 en medio de protestas multitudinarias contra el gobierno de Otto Pérez Molina, forzado a renunciar ese año por su vinculación con una estafa en las aduanas, Pérez ahora espera que un juez decida si debe enfrentar juicio.
El paro nacional detonó tras varios días de crisis que siguieron a la orden del presidente de expulsar del país al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
La Fiscalía y la Cicig habían pedido quitar los fueros a Morales para investigarlo por supuestas irregularidades en los aportes de su campaña.
Aunque la expulsión de Velásquez fue frenada por la Corte de Constitucionalidad, el intento provocó una ola de críticas y protestas contra Morales, debido a que el exmagistrado colombiano es una de las figuras claves en la lucha contra la corrupción en el país.
El descontento popular aumentó la semana pasada cuando el Congreso votó en contra de la petición de retiro de inmunidad, salvando a Morales de enfrentar a la justicia.
Además, los congresistas aprobaron polémicas reformas al Código Penal, que buscaban blindar a los líderes políticos de posibles acusaciones por financiamiento ilegal. Ante la presión, el Congreso dio marcha atrás con los cambios penales y prometió conocer nuevamente el proceso contra Morales este jueves.
Durante el paro, un grupo de activistas presentó una solicitud en la Corte Suprema de Justicia para retirar los fueros a 107 congresistas que intentaron modificar el Código Penal, para que sean juzgados por delitos de obstrucción a la justicia y resoluciones que violan la Constitución.
