Ambas instituciones han acudido a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que dé su criterio sobre el caso; mientras tanto, 200 proyectos están paralizados por falta de licencias de construcción.

El arquitecto Nery Orozco manifestó que desde septiembre del 2013 hay proyectos estancados pendientes de aprobación, lo cual ha ocasionado que algunos colegas estén sin trabajo.

“Si uno hace un trabajo pequeño y presenta sus planos, pasan entre siete y ocho meses para que den el permiso, pero cuando hace uno un trabajo sin autorización, a los tres días están allí dejando notas”, resaltó.

Otros constructores afirmaron que el problema por falta de decisiones ha causado pérdidas a ese sector, y aseguraron que entre los proyectos estancados hay viviendas unifamiliares, ampliaciones y restauraciones.

Norman Muñoz Urízar, conservador de la Ciudad, explicó que durante 44 años de existencia del CNPAG ha cobrado por el derecho de construcción.

“La consulta a la PGN se hizo, porque la municipalidad así lo requirió, pero nosotros estamos claros que nos corresponde”, añadió.

Muñoz señaló que el 21 de enero último firmaron un acta administrativa luego de una reunión con la comuna, en la cual llegaron a acuerdos sobre el cobro de licencias de construcción, pero, a su criterio, la comuna falló al acuerdo. “Sabemos que ellos se tomaron ahora unas semanas para analizar el tema”, refirió.

Señaló que la ley protectora 60-69 establece que dentro del perímetro urbano colonial y las áreas de influencia se otorgará licencia de construcción por parte del CNPAG.

Indicó que el ayuntamiento quiere hacer el cobro total y que el CNPAG solo extienda el dictamen técnico.

Riesgo

Muñoz reconoció que de perder el ingreso por concepto de licencias de construcción, la entidad protectora no tendría presupuesto para la conservación y rescate de monumentos y mantener un control estricto sobre las construcciones en la ciudad, y no garantizaría el sueldo de 143 empleados.

Muñoz afirmó que el ingreso por concepto de permisos de construcción es de entre Q600 mil y Q900 mil anuales, y que de ese monto se usa el 30 por ciento para funcionamiento y sueldos.

Comuna cobra

Édgar Francisco Ruiz, alcalde en funciones de Antigua Guatemala, afirmó que en sesión de Concejo tomaron la decisión de hacer valer la ley, basados en el Código Municipal y sus reformas, para hacer el cobro de las licencias de construcción.

Agregó que por ahora, en su calidad de alcalde y presidente del CNAPG, promoverá una negociación de alto nivel para resolver la crisis y que la ciudad no salga afectada.

Ruiz reconoció que hay 200 expedientes pendientes de autorización en la comuna antigüeña, entre ellos licencias de construcción, autorización de derecho de puerta de negocios, trabajos menores, renovación de tarjetas de registros comerciales, entre otros.

Comuna está en ley 

La comuna antigüeña hizo un foro  público  el 28 de marzo último, en el que participaron  abogados que coincidieron en que es la municipalidad la que debe hacer el cobro por licencias de construcción.

Los abogados Alfonso Ortiz, Mario Fuentes Destarac, Luis Felipe Linares y Jorge Valladares explicaron que  la Constitución Política de la República   es la ley suprema y debe prevalecer sobre leyes ordinarias, acuerdos, reglamentos y ordenanzas.  

A criterio de Valladares, catedrático en Derecho Municipal de la Universidad de San Carlos,   el CNAPG se   extralimita en sus funciones.

900 mil quetzales anuales ha llegado a recibir el CNPAG  por concepto de cobros de licencias de construcción en  Antigua Guatemala.

200 licencias de construcción, en promedio, se otorgan al año.