Según Echeverría, el Centro de Operaciones de Emergencia acordó que solicitaría el apoyo de la Municipalidad de Cuilapa, para conocer si los propietarios de los inmuebles están anuentes a que sean demolidos.
Explicó que se redactó un documento en la Gobernación Departamental, para que las personas que están de acuerdo lo firmen, pues es un permiso para que se les retiren los escombros y después se evalúe la reconstrucción de acuerdo con las posibilidades de cada familia.
Maynor Morales Blanco, gobernador, expuso: “Apenas se está terminando la evaluación de viviendas dañadas en Cuilapa, pues no se puede avanzar mucho por el poco personal con se cuenta, ya que todavía nos falta hacerlo en Pueblo Nuevo Viñas, Santa María Ixhuatán y Oratorio”.
Agregó que solicitarán ayuda al Gobierno y a instituciones internacionales en proyectos de apoyo a los miles de damnificados.
Manifestó que en los siete albergues de la Conred se registraron cuatro mil personas, y muchos se han retirado para comenzar sus labores cotidianas, lo cual permitirá dar mejor atención.
El funcionario dijo que desconoce cómo se programará la reconstrucción de casas, ya que no depende solo de la Gobernación Departamental, sino de otras instancias.
El alcalde de Cuilapa, Rudy Castillo, expresó: “Hasta ahora ya se han demolido cinco de las 700 viviendas. Que quede claro que nosotros solo estamos derribando, porque la reconstrucción estará a cargo del Gobierno”.
María Magdalena Hernández, del barrio El Calvario, comentó: “Las autoridades botaron las paredes de mi casa, pero no tengo información de quién y cuándo me la va a construir”.
Un grupo de vecinos de Santa Rosa se manifestó ayer frente al Congreso de la República, al que pidió que decrete estado de Calamidad, para que así se pueda destinar más ayuda.
