Deporte Internacional

Recorte de fondos pone en duda el futuro de GP de EEUU

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el miércoles que ha recortado cerca de seis millones de dólares de fondos para el Gran Premio de Estados Unidos, lo que genera dudas sobre el futuro de la carrera, a tan solo cuatro años que comenzó a realizarse en Austin. 

Con la realización de la carrera, se confiaba en que la Fórmula Uno tuviera una presencia de largo plazo en territorio estadounidense.    

Los funcionarios del Circuito de las Américas, una pista de 300 millones de dólares construida específicamente para ser la sede de la carrera, han dicho que de antemano recibieron un duro golpe financiero este año cuando las tormentas estuvieron a punto de quitarle dos días de actividades al fin de semana de la carrera en octubre.   

Funcionarios del Circuito han sostenido que les fueron prometidos 25 millones de dólares anuales por 10 años del fondo estatal, dinero público usado en su mayor parte en la gestión comercial por los derechos para efectuar la carrera, en un acuerdo al que se llegó con el ex gobernador Rick Perry y la ex auditora estatal Susan Combs.    

Pero Perry y Combs ya no tienen esos cargos y el fondo fiduciario pasó a manos de la oficina de Abbott este año.    

La carrera aún recibirá 19,5 millones de dólares de la porción estatal del fondo, y el dinero de los contribuyentes locales elevaría esa suma a 22,7 millones, de acuerdo con la oficina de Abbott. Pero eso es casi seis millones de dólares menos que en 2014 y cerca de siete millones menos que los dos años anteriores.    

Abbott no aceptó preguntas al respecto en una ceremonia del Día de los Ex Combatientes el miércoles. La portavoz Cait Meisenheimer dijo que la cantidad reducida se calculó bajo las normas impuestas por los legisladores estatales.    

Un reciente reporte de auditoría estatal criticó las fórmulas generosas usadas previamente para calcular pagos, que han sido modificadas tras su paso a la oficina de Abbott.    

“Es inapropiado que un solicitante espere que el gobernador viole la norma legal y una decisión de un auditor independiente”, subrayó Meisenheimer. 

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