Las APP surgieron como respuesta a las dificultades enfrentadas por las entidades estatales en los distintos países para lograr efectividad, calidad y transparencia en el uso de los recursos.
En Guatemala fue aprobada en 2010 la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y en 2011 fue aprobado su reglamento.
En 2013 inició operaciones la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), entidad a cargo del impulso de estos proyectos.
En 2017 se iniciaron los procesos para la ejecución del que se propone como el primer proyecto de esta modalidad, y es la Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla – Puerto Quetzal con Cobro de Peaje.
El Banco Mundial publicó en 2016 su informe económico para Guatemala “Cerrando brechas para generar un crecimiento más inclusivo” y resalta la necesidad de cerrar las brechas económicas y sociales que enfrenta el país, entre ellas la de infraestructura. Para ello recomienda esta modalidad.
El documento destaca además que las APP deben ser evaluadas y reguladas adecuadamente, para asegurar que las licitaciones sean otorgadas de forma transparente y que los términos de los contratos sean especificados y regulados de manera eficiente. Concluye que la agenda de las APP necesita asentarse en estos elementos para garantizar la promoción exitosa de estos proyectos.
Las inquietudes por la transparencia en los proyectos no se dan solo en Guatemala. En días recientes el Tribunal de Cuentas Europeo publicó el Informe Especial “Asociaciones público-privadas en la Unión Europea: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados”.
Dicho informe concluye que “pese a que las APP tienen el potencial de lograr una ejecución más rápida de las políticas y preservar altos niveles de mantenimiento, los proyectos auditados no siempre se gestionaron de forma eficaz y no proporcionaron una rentabilidad adecuada”.
Añade que “a menudo no se lograron los beneficios potenciales de las APP, debido a que se infrautilizaron y sufrieron retrasos y aumentos en los costes. Esto ocasionó un gasto ineficaz de 1 mil 500 millones de euros, debido también a la falta de análisis pertinentes y de enfoques estratégicos con respecto al uso de las APP y los marcos jurídicos e institucionales”.
* erickcoyoy@gmail.com
