Durante una reunión con Prensa Libre, la viceministra de Finanzas, María Castro, comentó que de ese monto ya se pagaron Q23.1 millones, que incluyen gastos del 2008 al 2012, y están pendientes otros US$3.5 millones —Q27.3 millones al cambio actual—.

Está pendiente el pago de US$11.5 millones —Q89.8 millones— que el Estado debe hacer a la compañía Railroad Development Corporation (RDC), accionista mayoritaria de Ferrovías, según el fallo arbitral emitido el 29 de junio recién pasado.

Los contratos incluyen a la firma Arnold & Porter, en EE. UU., y Palacios & Asociados, en Guatemala. Aunque en el 2011 se informó que se cancelaría el contrato con la primera de las mencionadas, se logró renegociar, según datos del Ministerio de Economía.

En los datos del Sistema de Contabilidad Integrada aparecen pagos a nombre del abogado David Michel Orta del 2008 al 2010, y según datos de ese ministerio, también se le pagaba a Myriam Eugenia López Miyares del 2008 al 2011.

Castro indicó que aún ubican las fuentes de financiamiento y los espacios presupuestarios.

“Lo que estamos identificando son los espacios de no ejecución —del presupuesto— de algunos ministerios que deberíamos utilizar para poder pagar”, dijo la funcionaria, quien agregó que el proceso se apresura para evitar el pago de intereses que establece mientras no se cancele.

Lo que se ganó, dijo Castro, es que el Estado recuperará los activos del ferrocarril y el derecho sobre las vías, además de que el laudo redujo el monto porque la demanda era por US$65 millones, agregó.

El ferrocarril fue concesionado en 1997, y en el 2006 se declaró lesivo un contrato por equipo ferroviario. RDC demandó al Estado en un arbitraje internacional en el 2007, y la resolución del caso fue emitida en junio del 2012.