Codedes con fondos de arrastre automático: Riesgo de poca ejecución y poco control
La nueva aprobación del Congreso abre dos escenarios para los fondos de desarrollo departamental: obras cuestionadas o nula inversión, advierten analistas.
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De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Por segundo año consecutivo, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán los fondos no ejecutados del año anterior, a pesar de no demostrar agilización en la inversión. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos, podrían generarse pocos resultados por baja ejecución o bien, pagos cuestionados debido a los escasos controles de fiscalización, según los tanques de pensamiento.
Además, los entrevistados señalan que las fallas técnicas en la ejecución van a maximizarse en gran medida debido al silencio administrativo, lo cual pondría en riesgo a la población y a la calidad del gasto público.
El año pasado, ante la lenta inversión en los departamentos y un bolsón millonario destinado para dicha finalidad, se trasladó el dinero de arrastre. Nueve meses después, la ejecución sigue siendo lenta. De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero.
Para la misma fecha, el año pasado, eran 31 municipios los que presentaban menos del 10% de ejecución, lo cual causó que se trasladaran más de Q3 mil millones, es decir, cerca del 48%.
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Ejecutivo analiza decreto
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) señaló que los equipos técnicos y financieros del presidente, Bernardo Arévalo, analizan el decreto, aunque aún no ha sido recibido formalmente.
“El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”, refirió la Secretaría.
En esa línea, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que si el decreto 7-2025 no es modificado, le propondrá al mandatario que no lo apruebe.
“Si el decreto 7-2025 no sufre cambios, mi recomendación al presidente Arévalo será vetarlo”, expresó el funcionario en declaraciones a Prensa Libre.
Asimismo, dijo que, en este momento, el equipo jurídico prepara un análisis para el gobernante, con los argumentos para el veto. Sin embargo, explicó que el decreto aún debe cumplir algunas fases en el Congreso, por lo cual podría tener variaciones, y hasta que ese proceso concluya no será posible contar con un análisis completo de la ley.
Al ser consultado sobre qué efectos se tendrían en las finanzas públicas si el contenido del decreto no se modifica respecto del aprobado, el ministro indicó que consideran que los artículos del decreto 7-2025 contravienen normas constitucionales y que la próxima semana darán a conocer su opinión con mayor detalle.
Baja inversión o mala calidad del gasto
El coordinador de investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Jorge Ruano —quien brindó declaraciones a título personal—, opinó que la baja inversión también es intencional por parte de distintos actores.
“También la sociedad tiene que señalar a aquellos actores que no permiten que se ejecute el gasto público”, comentó.
A criterio de Daniel Haering, analista de Diálogos, los Codedes son un mecanismo que debe reformarse porque, desde su creación, no han logrado funcionar. Considera que es complicado y lento, además de estar sujeto a discrecionalidades.
“Ha sido un fracaso. Los Codedes son mecanismos malísimos de inversión pública, y lo demuestran una y otra vez: son lentos, ineficientes y con riesgos de corrupción”, aseveró.
Con dicha ley persistirá la baja inversión o, en algunos casos, esta se elevará; pero, por los pocos controles, se destinará dinero a pagos cuestionados o con fines político, resaltó el analista.
Evitar el silencio administrativo
La ley establece que, si la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) o las instituciones encargadas de otorgar los avales no responden en cinco días, la obra se considerará aprobada. Este aspecto ha suscitado preocupación y críticas por ser poco transparente.
En ese sentido, la posición de Diálogos considera que, de sancionarse la ley, el Ejecutivo debería reforzar presupuestariamente a la Segeplán, para incrementar su capacidad instalada y evitar el silencio administrativo.
Si bien Ruano recomienda al presidente vetarla, reconoce que Segeplán históricamente ha enfrentado grandes obstáculos, pues se asignan grandes presupuestos para inversión, pero no para planificación.
“Segeplán está atrapada y sin salida. Es un órgano técnico fundamental, y el ejercicio público estatal es político. ¿Qué tan fuerte políticamente es Segeplán para resistir los embates de la política?”, añadió Ruano.
En la ejecución, algunos proyectos a cargo de los Codedes enfrentan dificultades técnicas que impiden su finalización y quedan inconclusos. “Por lo tanto, el silencio administrativo podría agravar ese extremo, concluyó Ruano.
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