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Hasta ahora se han presentado tres acciones legales por ese tipo de disposiciones en igual número de municipios, mencionan que se ha caído en abuso de autoridad, abuso de poder y acciones arbitrarias ya que se está violado la libre locomoción, los horarios permitidos por las disposiciones para poder operar los negocios y restaurantes y en algunos lugares no se permiten venta de bebidas alcohólicas informó Cristian Mayorga, director ejecutivo de dicha Cámara.

Contra la municipalidad de Chiquimulilla, Santa Rosa es una inconstitucionalidad general total ante la Corte de Constitucionalidad (CC), agregó el asesor legal de la CCG, Carlos Pineda. En este existe limitación de ingreso de personas ajenas al municipio y prohibición de abrir restaurantes, agregó.

Además, presentaron medidas contra una disposición de la municipalidad de Huehuetenango, en este caso fue una acción constitucional de amparo ante la sala regional mixta de la corte de apelaciones de Huehuetenango, explicó el abogado. Las restricciones que ha emitido la alcaldía son limitación de horario de cierre de comercios, restaurantes y supermercados a las 5 de la tarde, además los domingos hay cierre total de actividades y cierre de mercados a las 4 de la tarde.

Y, la tercera medida legal es una inconstitucionalidad total ante la CC, en contra de las disposiciones emanadas del Concejo del municipio de San Marcos. En el lugar se estableció cierre total de actividades no esenciales por 15 días, cierre de mercados, restricción de ingreso de personas ajenas al municipio, restricción de acceso de transporte de carga, explicaron Mayorga y Pineda.

Dentro de las disposiciones recabadas por la CGC se incluyen otros 40 municipios con medidas de restricción vigentes, principalmente limitación de horarios y solo permiten operar hasta las 5 de la tarde.  En otros casos las han aplicado en semanas anteriores, pero ya no tienen vigencia. Se incluyen disposiciones de la alcaldía, comité de mercado municipal, o la alcaldía en conjunto con el centro de salud o el Centro de Operaciones de Emergencias municipal (COE), Jueces de asuntos municipales, y en otros casos por el coordinador municipal de salud.

“La Cámara ha sido alertada por socios acerca de medidas arbitrarias e ilegales dictadas por corporaciones municipales, alcaldes y jueces municipales” dijo Mayorga al explicar las medidas establecidas:

• “Cierre total” del municipio, prohibiendo la movilidad, tanto de los propios vecinos, como de cualquier persona que dese ingresar al municipio. En algunos casos se han establecido horarios limitados para movilizarse dentro del municipio.
• Establecimiento de horarios en los que pueden desarrollarse actividades comerciales como: restaurantes, supermercados aplicado tanto a grandes y pequeños comercios como supermercados, abarroterías y tiendas de barrio.
• Limitación en horario o incluso prohibición del expendio de bebidas alcohólicas.
• Se han decretado “cierres totales” de actividades que ellos arbitrariamente consideran como “no esenciales” en varios municipios, de algunos de los cuales ya terminó su vigencia.
• En situaciones más graves han decretado hasta “toques de queda” disponiendo que se cierran todas las actividades económicas durante un día completo a la semana, expresó Mayorga.

Las autoridades municipales que emitan acuerdos conteniendo limitaciones a los derechos constitucionales están abusando de su autoridad y actuando por encima de sus facultades constitucionales, además resulta grave para la preservación del estado de derecho y la certeza jurídica, dijeron los representantes de la Cámara de Comercio.

“Como guatemaltecos tenemos la obligación de velar por nuestra salud y la de nuestra sociedad, pero no por eso se puede justificar un abuso de poder. Lo que corresponde es respetar las disposiciones emitidas por el órgano facultado por la constitución, mientras dure el estado de excepción” añadió Mayorga, quien dijo que las disposiciones se deben emitir por el presidente de la República en Consejo de Ministros.

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Explicó además que negocios como a los supermercados, abarroterías, tiendas de barrio se les quitó en agosto la restricción de horario que se le había impuesto por lo que debían cerrar a las 5 de la tarde. Ahora deben atender el horario en que inicia el toque de queda a las 9 de la noche, agrego. Sin embargo, dijo que cierran antes para que al personal le dé tiempo de retornar a sus hogares antes de esa hora.

El abogado mencionó varios artículos en los que se basan para presentar medidas legales como el 138 de la Constitución Política el cual establece cuáles son los casos en los que se pueden limitar los derechos Constitucionales.

Anunció que están analizando nuevas acciones y lo que se está haciendo es solicitar a la CC que resuelva sobre el control de estas normativas ya que siguen surgiendo más acuerdos de Concejos municipales. Dijo que se debe atender el contenido de los artículos 5, 26 (libre locomoción) y 138 de la Constitución,

Hacen un llamado a las autoridades locales para que desistan de medidas como las mencionadas y se tome en cuenta el marco normativo como las disposiciones del presidenciales emitidas en los decretos 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 15 y acuerdos del Ministerio de Salud.

Mayorga comentó que el país está en proceso de reapertura económica y las acciones como las de dichos municipios van contra de la reanudación de actividades y también impacta en el empleo.

Los directivos de la cámara indicaron que no se han comprendido los limitaciones y horarios establecidos por el gobierno ya que cuando se refiere de 9 de la mañana a 5 de la tarde es una disposición aplicable para oficinas o el área de la administración de las empresas.

Anam: decisiones sobrepasan la autonomía municipal

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) mencionó que han tenido quejas de las cámaras de Industria y de Comercio respecto de que hay algunas comunas que han emitido acuerdos para prohibir el ingreso a sus municipios, además de cierre de tiendas o negocios en horarios fuera de los establecidos por el presidente.

“Les hemos explicado y sugerido a los alcaldes que la autonomía de cada municipalidad no llega hasta este nivel y las decisiones las toma el presidente (de la República), por lo que se deben acatar a esas decisiones” dijo Ovalle.

Agregó que las cámaras de Comercio e Industria tienen razón de estar molestos.

Expuso que en base a las funciones que tiene Anam lo que están haciendo es asesorar a los Concejos acerca de que “no podemos apoyar alguna iniciativa que venga a quebrantar una ley, que somos los obligados a respetar las leyes y la Constitución”.

Varios alcaldes han comprendido tales puntos, pero otros les han indicado que han estado siendo presionados por los Cocodes y vecinos de sus comunidades. Sin embargo, la Anam les explica que si emiten disposiciones como las mencionadas a quienes les van a aplicar la ley es a los alcaldes y Concejos y no a los Cocodes.

Ovalle explicó que la asociación tiene 12 delegados regionales a quienes se les ha pedido visitar a los alcaldes para que puedan sugerirles y orientarle en qué tienen que hacer al respecto. También han estado en comunicación con las cámaras empresariales mencionadas para ser un enlace.

Accionan contra cobros de ingreso en municipios

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro) indicó que aparte de los casos mencionados constantemente se enfrentan con la fijación de cobros por ingreso a los municipios. El más reciente caso fue el de Panzós, Baja Verapaz, disposición contra la cual presentaron una inconstitucionalidad en julio pasado.

Este problema viene desde hace tiempo, pero algunas comunas siguen con esa práctica ahora argumentando el covid-19, mencionó.

Las Cámara del Agro, de Comercio y de Industria han presentado alrededor de 100 inconstitucionalidades y todas las ha resuelto la CC otorgando la suspensión provisional y luego definitiva a favor de dichas organizaciones, agregó Caballeros.