Infraestructura
Congreso aprueba US$750 millones en préstamos para ampliar red vial y autorizan deuda pública
El Congreso de la República publicó la aprobación de dos préstamos con organismos financieros internacionales que suman US$750 millones para ampliar carreteras y caminos rurales.
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La carretera CA-9 Norte, entre el Rancho y Mayuelas, cuenta con financiamiento externo para convertirse en corredor logístico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este lunes 15 de diciembre, el Congreso publicó los decretos 24-2025 y 25-2025, en los cuales se aprobaron dos líneas de crédito por un total de US$750 millones —equivalentes a unos Q5 mil 737 millones— en operaciones separadas destinadas a infraestructura crítica.
Ambos préstamos contaron con opinión favorable de la Junta Monetaria (JM) el 17 de noviembre y fueron ratificados por el Legislativo con la publicación en el Diario de Centro América.
Por tratarse de deuda soberana, solo el Congreso tiene la potestad de aprobar operaciones de crédito público, es decir, endeudamiento.
Los préstamos fueron aprobados de urgencia nacional por los diputados de la actual legislatura.
Destinos
El decreto 24-2025 se refiere a una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$350 millones (unos Q2 mil 677 millones), para financiar la ampliación de la carretera CA-9 Norte, en el tramo de Teculután a Mayuelas.
El programa se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas 2015-2030, el cual considera a la CA-9 Norte como un corredor prioritario.
El organismo ejecutor será el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con un plazo de 23 años y un período de gracia.
En cuanto al decreto 25-2025, la línea de crédito fue acordada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM) por US$400 millones, equivalentes a unos Q3 mil 60 millones.
El objetivo del programa es promover el desarrollo económico y la conectividad del país mediante infraestructura estratégica y la recuperación de la red vial nacional, proporcionando condiciones adecuadas para garantizar el transporte seguro, oportuno y eficiente de personas y bienes, según el decreto.
La operación está orientada al financiamiento del Proyecto Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir. También será ejecutada por el CIV y tendrá un plazo de 31 años, con período de gracia.
Tras la autorización de los préstamos, el Ministerio de Finanzas deberá iniciar una serie de trámites administrativos, como el cruce de cartas con el banco, la realización de ajustes en los montos asignados a las categorías de gasto previstas en los convenios y las asignaciones presupuestarias anuales, entre otras acciones.
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