Todos sabemos que la tasa de crecimiento para este año se ha estimado en un 4% hacia arriba, pero de continuar la situación como está, combinado con un des-lucido proceso electoral, conflictividad social y descontento general por la falta de empleo, promueve un caldo que puede llevar al país a consecuencias impredecibles en materia de contracción de la inversión.
La situación no está para tomarse todo el tiempo del mundo. Los actores económicos que de por sí ya estaban reprimidos por el proceso electoral, con la situación actual, ni pensar en emprender nuevas actividades económicas en un país que prácticamente se está quedando sin autoridades. Imagínense cómo nos empezarán a ver las agencias que siguen los indicadores de competitividad y de riesgo financiero. La incertidumbre es el peor enemigo del crecimiento económico. La productividad de un país baja dramáticamente en procesos de inestabilidad política. Solo habría que medir las horas que se han usado para seguir los acontecimientos de las últimas semanas.
Destituciones de funcionarios, escándalos de corrupción que se destapan día con día. Vale decir que esto último quizá puede dar un aliento a los actores económicos que estaban cansados de ser víctimas de servicios mediocres, de extorsiones con cobros como los que la opinión publica conoció recientemente en relación con los puertos del país, donde corruptos interesados imponen cobros que al final de cuentas terminan siendo pagados por los consumidores de los productos que se importan o se pagan con pérdida de competitividad del país.
La incertidumbre aumenta con la captura de personas que actuaron con buena fe pero que son funcionarios relacionados a instituciones económicas claves, como el caso del presidente del Banco de Guatemala, profesional que he tenido el gusto de conocer en sus 30 años de trayectoria intachable dentro de una de las instituciones que todos citamos como el modelo que quisiéramos tener en las entidades del Estado por su estructura, disciplina, calidad técnica y moral de quienes la integran, y que en el caso de participar en la Junta Directiva del IGSS lo tiene que hacer por ser parte de lo que le corresponde por el cargo que ostenta. Naturalmente, eso no lo exime de las responsabilidades que ello implica.
Quienes no los conocen los juzgarán con la misma dureza que se tiene que juzgar a los corruptos. Los que fueron traicionados en su confianza tendrán que demostrar de acuerdo con la ley hasta dónde llegaban sus responsabilidades y hasta dónde hubo omisión o impericia, y que puedan probar que su actuación no fue dolosa.
En todo caso, tendrán que recibir y cumplir con lo que la ley y el debido proceso les deparen. Que la justicia sea pronta, que se siga el debido proceso y que caiga todo el peso de la ley sobre los corruptos. Que la lección sea clara para aquellos que están en contienda política.
