Recordó que el programa de apoyo económico en estos momentos es de carácter humanitario, es decir, para cubrir la adquisición de productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
Representantes del sector sindical han asegurado que la implementación del fondo enfrenta varios obstáculos y que aún no llega a un buen porcentaje de trabajadores.
A su entender, ¿cuáles son principales fallas del programa?
El tema no fue tratado de forma tripartita, es decir, que para los asuntos en materia laboral es necesario contar con la participación del sector empleador, trabajadores organizados y gobierno, para que este apoyo pueda fluir lo más rápido posible. De este apoyo económico dependen muchos trabajadores para su alimentación y sus familias.
¿Eso hubiera garantizado agilizarlo?
El programa lleva una connotación eminentemente humanitaria.
Cuando se genera un bono, o un beneficio para un trabajador tiene categoría de alimentos, y por eso mismo es importante recibir los insumos tanto el sector empleador organizado que tiene la experiencia de la productividad, pero también los trabajadores representados en los sindicatos puedan aportar su conocimiento y experiencia para hacer llegar efectivamente a los trabajadores de las empresas que no se encuentran en un proceso productivo normal y que necesitan el apoyo.
Hay que recordar que el bono no es para el empleador, si no directamente para el trabajador y el empleador hace el procedimiento que requieren las autoridades.
¿Cómo califica el procedimiento?
Hay que reconocer que las autoridades buscan la transparencia en la entrega de los fondos a los trabajadores y eso es bueno.
Pero lo importante no es poner tanta “traba” en las disposiciones, porque realmente existió una disposición ministerial con relación al procedimiento electrónico que se tendría que hacer, y posteriormente se hace una modificación.
Así como está el proceso que se realice una revisión técnica para poder viabilizar los procedimientos en los ministerios de Trabajo y Economía y pedir acompañamiento de la Comisión de Trabajo del Congreso, para verificar si es necesario hacer modificaciones a la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19, sobre todo en la parte de protección al empleo.
¿Cuál sería el mecanismo para implementarlo?
Debe hacerse un esfuerzo muy rápido por el Congreso para modificar la referida ley a través de una mesa técnica de las diferentes comisiones que están viendo este tema, juntamente con los empleadores y sindicatos para encontrar un mecanismo ágil para modificación a la norma, y a la par los ministerios de Economía y Trabajo reformar sus dos reglamentos 58-2020 y 140-2020, como un mecanismo inmediato para hacerle llegar el bono a los trabajadores.
A su juicio, ¿por dónde deben ir esos planteamientos?
El problema que tienen y como lo han reconocido las autoridades, están en las disposiciones del Ministerio de Trabajo en las cuales se han puesto algunos requisitos esenciales que están vigentes, y por eso es importante crear una unificación.
Adicionalmente, si se desea verificar e inspeccionar a empresas que no estén pagando sus cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) o que no estén supeditadas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), deben aplicarse los convenios que han sido suscritos entre estas instituciones con los ministerios de Economía y Trabajo para inspeccionarlos, pero eso será posterior al proceso de viabilizar el pago del bono a los trabajadores.
El reglamento del Ministerio de Trabajo puede ser modificado por la misma autoridad administrativa. Ya está regulada la obligación de que todas las empresas deben pagar IGSS, y existe un marco para hacer posteriores inspecciones de verificación.
¿Es viable que sea el trabajador que solicite el pago, como proponen algunos diputados?
Aquí es muy engorroso, estamos en emergencia y se deben garantizar protocolos de covid-19, eso generaría aglomeraciones y visitas de los trabajadores.
El sistema que está en estos momentos puede ser viable, pero solo hay que hacer simples modificaciones a los reglamentos y apoyar la labor de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) que se reconoce, está débil en el procedimiento de inspección y administrativo.
Esta unidad tiene varios expedientes de suspensión que están en espera.
También se debe revisar el sistema electrónico para que brinde mayor urgencia a los sistemas administrativos, y facilite el acceso al bono, hasta un taller hasta una gran empresa.
El objeto es que todos los datos deben empatar en los sistemas, y que no se suspendan trabajadores que no puedan acceder al bono que se está entregando.
¿Qué podríamos esperar en el mercado laboral en el 2020?
A pesar de todas las circunstancias Guatemala ha logrado mantener la apertura de un fuerte sector productivo, como los industriales, comercio y restaurantes, sin embargo, se tiene que hacer una política inmediata para generar puestos de trabajo, motivar, impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas que a pesar de la crisis siguen trabajando.
Se tiene que generar una política de empleo atendiendo los factores del covid-19, y las recomendaciones de la OIT en términos del empleo.
¿Qué lineamientos deben plantearse?
Trazar una política de salud y seguridad en los centros de trabajo, como un procedimiento de medidas necesarias para que todos los trabajadores puedan ser productivos en estas nuevas condiciones.
A corto plazo se tendrá que reunirse la Comisión Nacional del Salario, y las comisiones paritarias para generar un proceso de cambio.
Finalmente, discutir una ley de teletrabajo consensuada, tripartita para poder generar empleos en el país.
