“El mecanismo permitiría que no se pierda la continuidad de los trabajos que se realizan en el aeropuerto, pues en cada administración se toman planes diferentes”, refirió Andreu durante una reunión con Prensa Libre y el equipo de trabajo de la DGAC.

La propuesta es parte de las reformas a la Ley de Aviación, que fueron enviadas a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para que esta emita opinión sobre la medida que se presentará al Congreso.

“Tenemos muchos problemas por pertenecer al ministerio de Comunicaciones. Hay mucha retención y burocracia” explicó.

El objetivo es que la DGAC, refirió el director, sea autónoma y solo dependa del presidente.

“Eso dará oportunidad de acciones rápidas en el aeropuerto, tener personal y cambiar tarifas sin pedir permiso al ministerio” refirió Andreu.

La OACI es la agencia que se encarga de analizar los problemas de la aviación civil internacional, promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial.

Funcionan con donación

Según las autoridades de la dirección, en la actualidad, se implementan acciones dentro de la terminal debido a una donación de US$300 mil —unos Q2 millones 310 mil— realizada por la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea.

Joe Schlosser, sub gerente administrativo de la DGAC, detalló que con esos recursos se puso en marcha la reparación del aire acondicionado que “nunca funcionó”, pues existían fugas subterráneas que no fueron atendidas.

Otra acción dijo, es la reparación de la maquinaria que emplean para retirar el hule de la pista, además de que los arcos de seguridad funcionan en todos los ingresos y salidas.

Schlosser indicó que está pendiente la señalización de algunas partes de la pista de aterrizaje y en cuanto a la iluminación erogarán Q300 mil para el edificio y áreas exteriores.

Las autoridades comentaron que también recibieron una donación equivalente a Q693 mil en asistencia para aumentar la seguridad.

Además, debido a un aporte de la línea aérea Volaris, 15 bomberos serán capacitados para actuar ante cualquier emergencia.

En cuanto a las fajas transportadoras, Andreu afirmó que debían un aproximado de Q8 millones del total de la compra, situación por la que la empresa ya no dio mantenimiento; sin embargo, ya existe un acuerdo y esperan los recursos para saldar la deuda.

Las autoridades refirieron que con los recursos de la DGAC cancelarán el costo del seguro para todas las terminales existentes en el país, monto que asciende a Q36 millones y darán un aporte mensual de Q5 millones, además de Q15 millones que esperan del ministerio de Finanzas.

Del 16 al 26 de noviembre, la OACI realizará una auditoría en La Aurora y seis meses después dará los resultados.

El director manifestó que hace dos semanas, lograron un plazo de 90 días luego la auditoría, para acatar los hallazgos y evitar estar en la lista de terminales aéreas en malas condiciones.

Cancelaría contratos

El gerente del aeropuerto La Aurora, Luis Eduardo Gómez, explicó que existen 115 locales comerciales dentro de la terminal y 163 hangares que están alquilados a empresas y particulares.

Según Gómez, existen personas que subarrendan los espacios, situación que es ilegal y si logran determinar quienes son, podrían cancelar los contratos.

Por aparte buscan modificar las tarifas establecidas para los distintos alquileres.
Un hangar paga hasta Q3.80 por metro cuadrado y los subarrendan hasta en Q100 mil mensuales. Por aparte los locales dan Q112 por metro cuadrado y ocurre la misma situación.

“Tenemos que medir los espacios y ver el propósito de uso que tienen” dijo Gómez.

Sin atender recomendaciones

Durante 10 años quienes han estado a cargo del aeropuerto La Aurora, no han atendido las recomendaciones de OACI, que en 2007 era 65 y hasta la fecha suman las 186, explicó el director de Aeronáutica Civil Gabriel Andreu.

Aunque ya existe un acuerdo entre ambas instancias, para dar un plazo de acción al país, las consecuencias de no acatar las observaciones serían que vuelos dejen de llegar al país, pues los alertarían de las malas condiciones.

Los riesgos están en los estándares de seguridad, y que las líneas aéreas reduzcan los vuelos a Guatemala, además de impedir la creación de nuevas rutas y el incremento de las frecuencias. Además los aviones de  grandes dimensiones ya no llegarían.