El viernes último trasladaron su queja a la USTR, amparados en el artículo 16.2.1.(a) del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., explicaron en un comunicado los afectados.

La deuda empezó con Q6.2 millones en 1991, cuando quebró la aerolínea. El Estado guatemalteco asumió la deuda, porque se debía el crédito fiscal a esa empresa y aunque hubo un abono, en el 2008 se calculó en Q12 millones debido a los intereses.

A la fecha se estima que el total podría subir otros Q3 millones, dijeron los exempleados.

Hasta ayer, Finanzas no cumplía con el pago, a pesar de una orden judicial y que ya se agotaron las acciones legales dentro del país.

Se trata de 85 trabajadores, de los cuales 21 ya fallecieron y dejaron beneficiarios.