Claro está que la materia prima para la generación de esos nuevos empleos es el capital. Así como nos resulta impensable preparar el fiambre sin embutidos, generar empleos estables es inimaginable sin capital de emprendedores que han encontrado un nicho de oportunidad para obtener retornos —ganancias—, que es la razón principal de arriesgarse.

Esta lógica se aplica tanto a una empresa multinacional que factura cientos de millones de dólares en proyectos de generación de energía como al vendedor de shucos que veo preparar los tomates sobre la parrilla todos los días a las 6 am en Fraijanes. La expectativa de ganar más de lo que invierte al levantarse a las 4 de la mañana tomando en consideración el riesgo que supone montar su negocio en un ambiente donde abundan las extorsiones es la única razón para montar el negocio.

Hace un par de semanas, en reunión de la Alianza para el Desarrollo entre los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras con el vicepresidente de los Estados Unidos, mencionaron explícitamente al sector privado. Los presidentes solicitaron que el sector privado se involucre en el proceso; en palabras del presidente hondureño Hernández, la inversión del sector privado “es vital” porque, en última instancia, “si Centroamérica prospera, nos va ir mejor a todos”.

Un acontecimiento local que viene a ejemplificar esta relación inversión-empleo y participación del sector privado ha sido la reciente publicación de las bases de precalificación por parte de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) del proyecto de rehabilitación, administración y operación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje”, un proyecto de US$60 millones, la que será la primera obra construida bajo la Ley de Alianza Público-Privada.

Se espera que este proyecto mejore la competitividad del país, conectando centros de producción, consumo y distribución con el principal puerto de Guatemala, y claro está, con la aduana del país que genera la mayor recaudación de impuestos, es decir, mayores ingresos para el gobierno. Esto sin mencionar la generación de empleos directos e indirectos, albañiles, maestros de obra, ingenieros, vendedores de shucos que hoy día posiblemente se encuentran sin empleo o subempleados.

Todo esto requiere reglas de negocio claras y estables. La inestabilidad provocada por propuestas de leyes que no permiten hacer el cálculo económico del retorno a la inversión va a afectar la toma de decisiones por parte de potenciales inversionistas, a lo que llamamos riesgo.

La reunión en Washington sirvió también para que instituciones de financiamiento, como la IFC del Grupo del Banco Mundial, presentaran nuevas herramientas que faciliten la inversión, concretamente el Programa de Carteras de Cofinanciamiento Administradas sobre Infraestructura, un programa innovador dirigido a recaudar US$5 mil millones de inversionistas institucionales de todo el mundo para modernizar la infraestructura en mercados emergentes durante los próximos cinco años. El programa pretende abrir las puertas a nuevos flujos de capital para mejorar los sistemas de energía, agua, transporte y telecomunicaciones de los países en desarrollo.

La generación del milenio y emprendedores del sector tecnológico que abundan en nuestro país requieren financiamiento con el que se generan empleo; inictiativas como la del IFC pretenden apoyar a estos emprendedores disminuyendo el riesgo para poder obtener financiamiento.