“Las ventas han bajado un 70% u 80% entre importadores y distribuidores. Es muy difícil aguantar como empresa, mantener los puestos de trabajo”, explica a la AFP.

Según datos de su gremio, la importación de destilados cayó un 67% entre 2010 y 2015, y en el caso del whisky el país pasó de comprar 263 mil al año a 47 mil cajas.

El precio del licor importado y en menor medida el nacional empezó a dispararse en el dolarizado Ecuador a partir de 2009, cuando el gobierno de Rafael Correa subió el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), y con los años se fueron agregando nuevos aranceles, tributos por grado alcohólico y otras tasas.

Un Johnnie Walker Red Label, por ejemplo, se vende a US$68 en Ecuador, frente a los US$15 que cuesta en Perú, US$17 en Colombia, US$15 en México y US$20 en Brasil.

Un ron Havana Club 7 años ronda en Ecuador los US$50, entre dos y tres veces más que en otros países de la región.

Ante eso, muchos consumidores se pasan a marcas nacionales o a bebidas más baratas como el aguardiente o la cerveza e incluso al licor artesanal, muy tradicional en Ecuador pero causante de varias muertes en los últimos años por uso de alcohol adulterado.

Otros lo compran cuando viajan al exterior o en el “Duty-Free” del aeropuerto, con un límite de tres litros.
Y muchos recurren al contrabando, sobre todo por tierra desde Perú y Colombia, un pujante negocio -de fácil acceso en algunos establecimientos y en redes sociales- a pesar de que los controles y los operativos de destrucción de botellas son cada vez más frecuentes.

“No es que el alza de los impuestos suspenda el consumo. Lo que hace es suspender la venta de licor legal y que la gente compre fuera, y fomentar el contrabando, la falsificación y la venta de licor artesanal, sin registro sanitario. Es decir, fomentar la ilegalidad”, lamenta Castillo.

Cuenca, capital del licor

El mueblebar que tiene Gustavo Espinoza, un asiduo bebedor, en el salón de su casa quiteña ya no está tan bien surtido como antaño.

“Es bien complicado. Yo no he cambiado el tipo de licor y no he bajado en cantidad, pero sí en calidad”, explica a la AFP mientras destapa un Johnnie Walker Red Label.

Espinoza, un funcionario de 34 años, combina el consumo social de fin de semana con esporádicos tragos en la intimidad del hogar, y aunque recibe un salario de “más de 1 mil dólares” -por encima del ecuatoriano medio- ya no puede costearse con tanta frecuencia sus favoritos: el Black Label (US$100) o el Chivas (US$98).

Mientras habla, el nivel del 'Johnnie rojo' baja a ritmo sostenido, y ya con la mirada vidriosa manifiesta: “Ahora te lo piensas dos veces antes de comprar buenas marcas”.

En 2013, el Colegio de Economistas de Pichincha (cuya capital es Quito) ya advirtió en un estudio que el licor se había convertido en el más caro de la región.

“El precio se está volviendo prohibitivo en nuestro país, con la idea del gobierno de que se está protegiendo la salud de los ecuatorianos”, sostiene su presidente, Víctor Hugo Albán.

“Cargar tanto a un solo artículo hace que se deje de vender y en este caso de importar, y eso redunda en perjuicio del Estado, que deja de percibir muchos impuestos”, agrega.

Pero no todo son malas noticias para el sector. Por una cuestión de darwinismo empresarial, la industria ecuatoriana -tradicionalmente productora sobre todo de aguardiente y de algún ron- se está volcando en el embotellado de marcas internacionales de whisky, vodka o ginebra, con menor carga impositiva.

Sobre todo en Cuenca (sur), convertida en una suerte de incipiente capital licorera de Ecuador.