Economía

España impone medidas de rigor

El nuevo gobierno conservador español anunció ayer medidas de rigor "extraordinarias y no previstas" por más de €15 mil millones para el 2012, con el objetivo de combatir un déficit "muy superior" a lo previsto en torno al 8% del PIB.

Los Ministros   Luis de Guindos, de Economía; la vicepresidenta,  Soraya Sáenz;  Cristóbal Montoro, de Finanzas; y   María  Banez, de Trabajo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los Ministros Luis de Guindos, de Economía; la vicepresidenta, Soraya Sáenz; Cristóbal Montoro, de Finanzas; y María Banez, de Trabajo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Solo una semana después de haber sido investido, el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó”un acuerdo de no disponibilidad” del gasto “por valor de €8 mil 900 millones” —unos US$11 mil 530 millones—, anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Contrariamente a sus promesas electorales, el Gobierno decidió una subida de los impuestos a los más ricos durante dos años, con la que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera ingresar €6 mil 275 millones —unos US$8 mil 135 millones— en el 2012.

Estas medidas de austeridad, mayores de lo esperado, son consecuencia de “la desviación” del déficit público, que en el 2011 será”muy superior” al 6% del PIB prometido por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó Sáenz de Santamaría, que adelantó una cifra en torno al 8%.

“Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista” que ocasionará”medidas extraordinarias y no previstas”, dijo.

También advirtió: “Estas medidas son el inicio del inicio”, con lo cual dio a entender que pueden verse incrementadas cuando el Ejecutivo de Rajoy presente, a finales de marzo, su proyecto de presupuestos para el 2012.

Las medidas de ahorro, destinadas a calmar las inquietudes de los mercados sobre la salud financiera de España, afectarán en primer lugar a los funcionarios.

Después de que el anterior gobierno socialista redujo un 5% sus salarios en el 2010 y los congeló en el 2011, el nuevo Ejecutivo optó por mantener la congelación para el próximo año.

El Gobierno decidió asimismo no reemplazar las plazas vacantes en todas las administraciones públicas —a excepción de servicios básicos como educación, salud y fuerzas de seguridad— y aumentar la jornada laboral de los funcionarios en dos horas y media semanales.