También la integrarán los ministros de Ambiente, de Cultura, de Energía y Minas y de Salud. Además del Director General de Aeronáutica Civil y los secretarios ejecutivos de Conap y de Conred, así como el registrador del Registro de la Propiedad de la zona central.
Al respecto el viceministro de Inversión y Competencia del Mineco, Lisardo Bolaños y el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Erwin Deger, coincidieron en exponer en que la comisión estará conformada por las nueve entidades a las que una persona o empresa necesita acudir para obtener un permiso de construcción.
Se busca modificar los trámites y que se reduzca a un solo lugar además que la mayoría de los trámites puedan realizarse de manera electrónica, dijo el funcionario.
Según el viceministro en la actualidad esos trámites en el Organismo Ejecutivo pueden durar hasta 700 días, período que representan costos para las empresas de construcción y se traducen a viviendas y rentas más caras para las familias guatemaltecas.
Deger mencionó alrededor de 500 días y que esperaría que se reduzcan a 200 y se empiecen a ver resultados a finales del año resultados.
Bolaños comentó que espera que “la comisión permita destrabar una serie de trámites de construcción para que puedan empezar a construir a finales de este año, de otra manera veríamos resultados hasta el 2023”.
Se busca acelerar permisos para lograr que las familias guatemaltecas tengan una opción de compra o renta más barata, generar empleo directo dentro del sector de construcción y tener un efecto en la actividad económica general adicional de la vivienda: construcción de tiendas, bodegas, fábricas, comercios, que permitan la generación de otro tipo de empleo de manera más rápida, añadió el viceministro.
El presidente de la CGC dijo que ven positiva la conformación de la comisión y agrega que con agilidad en los trámites se podría lograr 3 millones de metros cuadrados anuales para construcción. Además, puede ayudar a obtener licencias municipales, agregó.
En marzo pasado se dio a conocer en Prensa Libre que el monto estimado de la presa que está pendiente de escriturarse por el Registro General de la Propiedad es de entre Q800 millones a Q1 mil millones.
Los funcionarios podrán ser representados por otro funcionario de la entidad, además pueden invitar a otras entidades relacionadas con estos temas, según el acuerdo.
