Gobierno dispuesto a diálogo sobre política salarial y sectores piden inclusión
Sectores laborales y empresariales refieren la necesidad de establecer bases técnicas a través de un diálogo tripartito para crear una política salarial que sea real e incluyente.
|
El objetivo es garantizar ingresos que cubran necesidades esenciales y permitan una vida digna, afirman los sindicalistas ante la creación de una política salarial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
En materia de empleo, el Gobierno podría convocar a un diálogo sobre desarrollo productivo, que tenga como uno de los pilares estratégicos la creación de una política salarial, discutida a nivel tripartito.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), la Comisión Nacional del Salario (CNS) ha analizado los elementos que podrían formar parte de una política salarial y se han planteado recomendaciones al Ejecutivo, que “en su momento convocará a un diálogo más amplio sobre desarrollo productivo”.
Al consultar al secretario general de Planificación de la Presidencia, Carlos Mendoza, indicó que el ámbito laboral corresponde al Mintrab y dijo desconocer la fecha para convocar el diálogo sobre desarrollo productivo.
Dentro de la Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028, elaborada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, se propone la promoción del empleo digno con enfoque en derechos y diálogo social tripartito, y se retoman las acciones incluidas en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (PNED), que aún carece de un acuerdo ministerial o gubernativo que le dé vigencia.
Además, la política menciona cuatro grandes diálogos nacionales en educación, salud, medioambiente y desarrollo del país.
Piden más discusión
En septiembre del 2021 se creó de manera temporal la Comisión Nacional de Empleo Digno (Coned), en la que participan los ministerios de Trabajo, Economía, Agricultura, Desarrollo Social y Educación. Según la propuesta, esta comisión es la encargada de evaluar cada año los avances de dicha política.
Una de las acciones prioritarias de la política es generar condiciones para definir una política orientada a mejorar la estructura salarial de los trabajadores. Esta está en revisión, y se espera de que, al completarse el proceso, se publique el acuerdo correspondiente para darle vigencia.
Sin embargo, Maritza Velásquez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), afirmó que la política no fue discutida con los sindicatos del país, y que han solicitado espacios para su revisión, pero no han sido convocadas para presentar sus propuestas.
Se trata de una política impulsada desde el gobierno de Jimmy Morales para que el país sea visto como uno que cumple con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero que carece de una aplicación real y justa, ya que sectores como el trabajo doméstico continúan excluidos, agregó la dirigente.
Horizonte salarial
Guido Ricci, delegado del sector empleador ante la CNS, consideró que contar con una política salarial nacional es un tema central para el país y se ha propuesto como un componente de una política de empleo que permita ampliar el sector formal con más y mejores puestos de trabajo.
La política de empleo debe contemplar certeza jurídica, infraestructura y condiciones adecuadas para atraer inversión a los departamentos, mientras que la política salarial debe ir acompañada de la capacitación de los trabajadores, de acuerdo con las oportunidades en cada lugar, a fin de generar clústeres, explicó Ricci.
En ese sentido, Velásquez opinó que las políticas deben ser inclusivas y considerar el costo de la canasta ampliada, que incluye vivienda, comunicaciones y transporte, elementos básicos para una vida digna.
Además, en una política nacional de salarios, se podría promover un incremento progresivo durante cinco años, con rangos del 5% al 7%, lo que permitiría a los inversionistas incluirlo en sus costos y evitar decisiones de último momento, propuso el investigador Guillermo Díaz, de la Universidad Rafael Landívar.
El objetivo es elevar el salario promedio del país, ya que el esquema actual se limita al salario mínimo, que es una obligación constitucional. Según Ricci, las discusiones deben basarse en criterios técnicos y brindar previsibilidad, por ejemplo, fijar incrementos para períodos de tres años.
Con el apoyo de la OIT, se empezó hace varios años a discutir, en las comisiones paritarias de salarios y en la CNS, el uso de una fórmula para fijar los ajustes salariales. Esta incluye el valor mínimo de la meta de inflación y un ajuste por productividad —crecimiento del PIB menos crecimiento poblacional, multiplicado por 0.5—.
Pero, el sector sindical ha rechazado esa fórmula, ya que no refleja la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y porque la productividad depende de factores como innovación, competencia, reinversión privada y bajos niveles de inversión pública, señalaron en su momento.
Establecer reglas claras
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que una política salarial establecería normas claras, considerando la competitividad frente a países vecinos. “No tiene sentido seguir subiendo el salario sin una política clara de país”, opinó.
Por otro lado, Guido Ricci, delegado del sector empleador ante la CNS, subrayó la necesidad de convocar con urgencia al diálogo sobre desarrollo y empleo. En cuanto al debate salarial, afirmó que debe realizarse en foros como la CNS o la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, que revisa temas de relaciones laborales y libertad sindical.
Representatividad
En ese sentido, coincidió Maritza Velásquez, secretaria general de Atrahdom, afirmando que la discusión debe ser tripartita, pero pide revisar la representatividad, a fin de incluir las propuestas de todos los sectores.
También, los integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó que el pasado 5 de diciembre se sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades del Ejecutivo, en la cual se presentó una propuesta para impulsar una política salarial moderna, tripartita y basada en productividad.