Datos actualizados al 30 de junio del 2023 en el Termómetro de la Propiedad que emite esa entidad, refieren que del 2006 al 2014 fueron declarados en proceso catastral 54 mil 964.97 kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo en 15 mil 997.17, un 14.69% del territorio nacional, ya finalizó el proceso, lo que ocurrió entre el 2016 y el 2023; en el 2018 fue cuando más se avanzó, con 9 mil 908.80 kms2.
Eso significa que aún hay 85.31% del territorio nacional que no se encuentra catastrado y un 49.52% está pendiente de ser declarado en proceso catastral, se refiere en el informe.
Según el Termómetro de Propiedad de 2016 al 30 de junio de 2023, se declaró un promedio de 2.25 municipios por año como zona catastrada. Los nueve departamentos que se han declarado en proceso catastral son Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Quiché, Sacatepéquez y Zacapa, según el observatorio.
Al ser consultada la coordinadora ejecutiva del ODP, Andrea Cáceres, a qué se debe que el departamento de Guatemala no esté dentro de estos, respondió que este no ha sido declarado en proceso catastral y son decisiones que toma el consejo del Registro de Información Catastral (RIC), así como el inicio del proceso, que es el levantamiento catastral. “Es necesario seguir con el resto de áreas y lo más idóneo es que se finalice lo que ha sido declarado en proceso, para después proceder a más declaratorias”.
Explicó que cada municipalidad puede tener su unidad de catastro sin ser lo mismo que el RIC. En el caso del departamento de Guatemala, la municipalidad de Guatemala tiene información adecuada y significativa que los usuarios pueden ver de forma digital.
Para qué sirve
Cáceres explicó que la ley de creación del Registro de Información Catastral establece sus funciones, de las que diversas actividades se pueden ver beneficiadas, como la promoción e inversión y el desarrollo económico porque brinda seguridad jurídica a inversiones nacionales y extranjeras al garantizar que los inmuebles están legalmente protegidos. Ello genera empleo, aumenta la productividad y genera un entorno más propicio para el desarrollo económico.
Otro beneficio es el tema de la planificación, que les sirve a los municipios para una mejor toma de decisiones sobre desarrollo urbano, infraestructura y servicios básicos, ya que en el Código Municipal se establece la obligación de crear un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a lo que ayuda un catastro finalizado.
“Lograr el registro catastral es uno de los temas más importantes respecto a los derechos de propiedad, que es la base para la libertad económica”, expuso Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Cuando se observan las limitantes a la atracción de inversión extranjera, la falta de certeza jurídica es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, agregó el ejecutivo al explicar que incluso en el Índice de Libertad Económica, el subindicador de derechos de propiedad es uno de los más rezagados en el país, derivado de la falta de titulación de muchos terrenos.
El puntaje de libertad económica de Guatemala para el 2023 es de 62.7, lo que la sitúa en la casilla 64 a nivel mundial, mientras que en el ámbito regional está en la casilla 13 de 32 países y ha disminuido en los dos años recientes, ya que en el 2020 y 2021 se ubicó con 64 puntos; en el 2022, con 63.2. Aunque sigue siendo levemente mejor que el promedio mundial y regional.
El Índice se calcula como un promedio simple de 12 libertades diferentes clasificadas en 4 grandes grupos. En el que se refiere al estado de Derecho se encuentra el de derechos de propiedad que tiene 39.2 puntos, según el informe de; efectividad judicial tiene 28.5 puntos y el de presencia de corrupción, 24.9, según datos brindados por Fundesa.
“Avanzar en tener mayor capacidad de demostrar la propiedad y de tener títulos de propiedad es un avance importante para el país, que debe acelerarse y continuar”, señaló.
Sobre el impacto que podría tener el avance o el estancamiento del catastro en la competitividad local o el desarrollo de ciudades intermedias, Zapata explicó que en la medida en que un municipio tenga mayor capacidad de catastro y títulos de propiedad, atraerá más inversión, generará más oportunidades y fortalecerá la capacidad del municipio de crear más empleo.
“También es muy importante en las ciudades intermedias porque es en donde se ha avanzado menos, pero se debe seguir en los procesos para poder fortalecer la propiedad privada en el país”, añadió.
Las fases
El proceso catastral tiene diversas fases, y antes de declararlo así, se tiene que pasar por etapas previas en las que el RIC realiza ciertas investigaciones, explicó Cáceres. Luego, el consejo del registro prioriza qué se realizará del proceso, que incluye actividades de investigación tanto físicas como jurídicas, comunicar públicamente esa declaratoria y dar a conocer a los propietarios que van a desarrollar esas actividades, para que brinden información.
El trabajo debe acompañarse de una estrategia de comunicación para socializarlo por diferentes medios y en los idiomas que se hablen en cada zona, con el apoyo de alcaldes y autoridades correspondientes; el proceso inicia 100 días después de esa declaratoria y se empieza el levantamiento de información en campo.
Las labores incluyen la visita de los técnicos del RIC a cada predio con una ficha técnica en la que hacen constar cierta información como los datos de las personas, dirección, datos del registro, circunscripción local, municipal y departamental, y otros. Es como un censo del predio, se le asigna un código catastral y posteriormente, la unidad de análisis jurídica catastral hace un estudio para levantar los datos y si hay coincidencia o no entre el predio y la persona, se analiza la situación jurídica y se dictamina si el predio es regular o irregular.
El proceso catastral, según el Decreto 41-2005 que contempla la Ley del RIC, se puede dividir en las siguientes fases principales, explica el observatorio:
- Investigación Registral y Actividades Previas: Es la fase preparatoria e incluye la investigación documental en el Registro General de la Propiedad y el diagnóstico registral.
- Establecimiento Catastral: Definir y declarar Zona en Proceso Catastral; levantamiento Catastral; análisis Catastral; análisis Jurídico; declaratoria de Predio Catastrado; Zona Catastrada.
- Mantenimiento Catastral: Conjunto de actividades técnico-jurídicas y administrativas permanentes y necesarias para inscribir en el Registro de Información Catastral de Guatemala y en el Registro de la Propiedad, los cambios relativos al predio y al propietario, respectivamente. El mantenimiento catastral se implementará a todos aquellos predios cuya declaración haya alcanzado firmeza y a los que nazcan de éstos; cualquier actividad inherente al traslado de derecho real o de posesión, así como las modificaciones al objeto o sujeto de los mismos.
Recomendaciones e importancia
En el 2022, dicho Observatorio recomendó dar prioridad a la preparación y finalización del catastro, con mecanismos de georreferenciación confiables y adecuados para la época. Adicionalmente, se hizo hincapié en que es necesario mantener un catastro actualizado y una coordinación automática entre el catastro y el Registro de la Propiedad.
Este año, en el Termómetro se refiere que el RIC necesita un respaldo sólido de recursos y apoyo para asegurar su mejora continua y la finalización exitosa del catastro nacional.
El reto más importante será terminar con las fases de establecimiento y mantenimiento del catastro nacional, ya que es una tarea ardua y que necesita de la cooperación interinstitucional y del sector privado, refiere José Roberto Turcios, de la firma Turcios y Asociados, opinión incluida en el documento Artículo 21, emitido por dicho Observatorio en el 2023.
El experto menciona la importancia de que un Estado cuente con un buen Registro de Información Catastral como: La correcta identificación de propietarios y ubicación de bienes; el RIC puede ser una gran herramienta de regularización de la propiedad; gestión del territorio; recaudación de impuestos; y una herramienta auxiliar para los jueces. Este último permitirá a los jueces contar con un sistema más fiable para verificar la existencia previa de dueños de áreas de terreno que se titulan supletoriamente de manera recurrente en los juzgados civiles, cita el experto, según el documento en mención.
