De acuerdo con datos del Observatorio de Derechos de Propiedad presentados ayer, el servicio del Departamento de Seguridad Registral más avanzado para la protección de los bienes inmuebles es la inmovilización biométrica, que consiste en tomar las huellas dactilares del solicitante, las cuales quedan registradas bajo un código biométrico en el que se le identifica como propietario de ese inmueble o derecho, siendo así el propietario el único facultado para hacer uso legal de sus bienes.
De conformidad con la Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes Registrados, los propietarios de bienes inscritos en el Registro General de la Propiedad pueden acudir a solicitar la inmovilización de los bienes registrados a su nombre, para que estos no sean enajenados o gravados sin su consentimiento.
Es así como el Registro operó 34 mil 581 inmovilizaciones en 2019; 12 mil 201 en 2020; 44 mil 899 en 2021; y 45 mil 484 en 2022.
Aumento de delitos
En el estudio “La crisis oculta de los derechos de propiedad inmobiliaria de Guatemala: un problema de falta de acceso a la justicia, incertidumbre del sistema de Registro de la Propiedad y crimen Organizado”, presentado por el Observatorio en 2022, se señala que desde hace años, en el país han aumentado las estructuras criminales dedicadas a realizar actividades de incautación ilegítima de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro de la Propiedad.
“Estos delincuentes se hacen pasar por notarios que ya han fallecido o están asociados con otros que autorizan sin escrúpulos contratos fraudulentos, simulan el contenido de los acuerdos, tramitan inscripciones extrañas en el Registro indicado y, posteriormente, realizan negocios con dichos inmuebles”, se lee en el documento.
Esos hechos se denominan delitos de falsedad ideológica y material porque se caracterizan por la elaboración de un documento público falso o la inserción de declaraciones no apegadas a la verdad en un documento, que pueden perjudicar a un tercero.
Según Fernando Orellana, encargado de comunicación del Observatorio, entre 2016 y 2020, se presentaron aproximadamente 566 denuncias anuales por delitos de falsedad. En 2020 se registró el mayor número de quejas, al contabilizarse 649 y el 2022 se compara con el 2016 cuando las personas presentaron solo 509 denuncias.
En una entrevista concedida a Prensa Libre, Ingrid Rivera, secretaria general del Registro de la Propiedad, dijo que, hasta octubre de 2022, esa entidad había presentado ante el Ministerio Público (MP), 123 denuncias por dudas sobre la legalidad, falsedad o veracidad de documentos ingresados al registro.
“Mientras la inmovilización está vigente, el Registro no puede inscribir ningún documento traslativo de dominio o inscripción hipotecaria sobre esa finca. Muchos guatemaltecos han usado esta herramienta”, afirmó.
Servicio más tardío
Por último, los funcionarios del Observatorio indicaron que, en los últimos cinco años, aumentaron las solicitudes que los usuarios realizan en el Registro General de la Propiedad, salvo en el año 2020, cuya caída se puede atribuir a las restricciones de movilidad por la pandemia: en 2022 se realizaron un total de 749 mil 127 gestiones o 172,422 operaciones más que en el 2018.
Los servicios más solicitados tienen relación con inscripciones relativas a bienes inmuebles, principalmente las registrales. Sin embargo, se indicó que en el 2018, el tiempo promedio para operar una compraventa era de 6.67 días hábiles, mientras que en 2022, el promedio es de 20, equivalentes a un incremento de 200%.
“Mientras el promedio de operaciones diarias por operador aumentó solo 24% entre 2018 y 2022, el tiempo para operar compraventas se incrementó un 200%”, señaló Orellana, quien destacó que, por ahora, es el único dato con que cuenta el Observatorio para medir la eficiencia de la entidad.
